Federico Gutiérrez habría mentido sobre auditoría forense de la alcaldía de Daniel Quintero

La Alcaldía de Medellín, en cabeza de Federico Gutiérrez, habría quedado en evidencia como “mentirosa”, luego del fallo en su contra, que determinó que no existió una auditoría forense que revelaba más de 500 hechos de presunta corrupción en la administración de Daniel Quintero.

Así lo dio a conocer el representante del Pacto Histórico Alejandro Toro, al afirmar que, luego de entutelar a la Alcaldía de Medellín, el juez penal municipal concedió en primera instancia su derecho fundamental de petición. No obstante, la decisión fue impugnada por el Distrito Especial de Medellín, que nuevamente favoreció a Toro y concluyó que no había pruebas suficientes para determinar la auditoría forense, y agregó que en realidad se trató de un informe de empalme, según afirmó el congresista.

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“En segunda instancia, un juez de nuevo nos da la razón. Federico Gutiérrez mintió con la tal auditoría forense. Ratifican que no fue una auditoría forense sino simplemente una auditoría de empalme”, afirmó Toro sobre el radicado 05001 40 09 019 2024 00082.

El representante agregó que en el documento, el juzgado asevera que Gutiérrez debió contrastar la información con las explicaciones respectivas por parte de la administración Quintero, sin embargo, esto no habría sucedido. “Ahora también le reclama porque antes de hacer estas aseveraciones no le preguntó a las personas involucradas acerca de sus conclusiones. Repito, ganamos en segunda instancia la tutela de Federico Gutiérrez y sus mentiras”, añadió.

“(...) la actividad realizada por la administración no es como tal un ‘informe de auditoría forense’, sino que se ‘ejecutó en el marco del proceso de empalme y de la Ley 951 de 2005′, derivándose en un documento o insumo, del que aún no se entiende si fue suscrito por un funcionario en particular o varios, y si es así, quienes serían los responsables de la información recopilada, y si al tratarse precisamente de hallazgos como se itera aseveró la accionada dentro del proceso de empalme, en dicho proceso se cumplió o no con la normatividad referida, concretamente el parágrafo del artículo 13, y la justificación para ello”, se lee en el documento compartido por Toro.

El documento revelado por el representante del Pacto Histórico dejaría de manifiesto que la Alcaldía de Medellín no aportó pruebas para justificar que la auditoría forense deba permanecer en reserva legal, y tampoco especificó las actuaciones encontradas ni los datos que podrían afectar posibles investigaciones de los entes de control. Además, sus respuestas fueron vagas, según el mencionado escrito, por lo que el juez cuestionó si el documento ‘informe en el marco del proceso de empalme’ fue suscrito por uno o varios funcionarios. “¿Quiénes serían los responsables de la información recopilada?”, puntualizó Toro.

A pesar de que Quintero se encuentra fuera del país y alejado de las redes sociales, no dudó en repostear un logro que lo ‘libraría’ de algunas acusaciones hechas por su sucesor Gutiérrez.

La auditoría forense en cuestión fue presentada el lunes 4 de marzo por el alcalde de los medellinenses, que revelaba los procesos de contratación y manejo de recursos durante la administración de Daniel Quintero.

El alcalde Indicó que se habían detectado 501 hechos de presunta corrupción en el Conglomerado Público de Medellín, de los cuales 262 están en poder de la Procuraduría y Personería de Medellín, 156 bajo investigación de la Contraloría y 83 en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Gutiérrez destacó que estos hallazgos fueron detectados en los primeros dos meses de su administración. “Será muy importante que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría se encarguen de esto. Solo espero que se haga justicia porque Medellín fue saqueada”, sostuvo Gutiérrez en ese momento.

Uno de los primeros casos denunciados es el programa de entrega de computadores en colegios, denominado por el actual alcalde como “Computadores sin futuro”. Según Gutiérrez, una vez celebrado el contrato bajo la supervisión de la interventoría, se hicieron modificaciones que resultaron en la entrega de 9.000 computadores, un proceso contractual con supuestas irregularidades y potencialmente fraudulentos, comentó el alcalde. La auditoría concluyó que hubo una indebida celebración de contrato, favorecimiento a una empresa, peculado en favor de terceros, y sobrecostos cercanos a $38.000 millones, reportó Gutiérrez en sus declaraciones.

El programa de Presupuesto Participativo también estuvo en la mira. Gutiérrez denunció suplantación de ciudadanos y un “carrusel de la contratación” que habría favorecido a 18 corporaciones. Añadió que se adjudicaron contratos por más de $25.000 millones usando códigos internos para verificar qué empresas debían ser contratadas, lo que gestionaron directivos desde correos de Gmail.