Detuvieron al vigilante de un colegio y a ocho personas más por distribuir en España pornografía con niños colombianos

La Policía Nacional en Colombia logró desmantelar una red de depredadores sexuales que operaban en distintas regiones del país. La operación culminó con la captura de nueve hombres involucrados en la comercialización de pornografía infantil, cuyas víctimas eran menores de entre 5 y 14 años.

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De acuerdo con el coronel Juan Pablo Cubides, director de protección y servicios especiales de la Policía, los sujetos utilizaban redes sociales para ganarse la confianza de los menores, solicitándoles imágenes y videos comprometedores. Posteriormente, extorsionaban a las víctimas para obtener más contenido sexual.

Un caso particularmente preocupante se registró en el municipio de Purificación, en el departamento del Huila, donde un vigilante de colegio fue detenido. El hombre había compartido más de 20 contenidos de material sexual de abuso infantil, según detalló la Policía Nacional. Este individuo utilizaba sus conexiones en redes sociales para contactar a sus víctimas y comerciar con el material obtenido.

La investigación tuvo su origen en 2023, cuando las autoridades Españolas lograron incautar contenido sexual de menores durante varios allanamientos. En dichos operativos se identificaron líneas telefónicas provenientes de Colombia, lo que permitió establecer conexiones y dar inicio a la colaboración internacional.

“Posterior a ellos mediante cooperación internacional se entregaron a la Policía de Colombia elementos materiales probatorios que fueron clave para que nuestros investigadores determinaran la ubicación e identidad de las personas”, explicó el coronel Cubides.

El valor del contenido sexual de menores en la red oscura podría alcanzar entre los 100.000 pesos y un millón de pesos por video, según el coronel. Este comercio ilícito estaba generando importantes ingresos criminales para los depredadores, los cuales fueron neutralizados con estas capturas. “Estas finanzas criminales, estos delincuentes las estaban recibiendo y por eso con estas capturas logramos parar la obtención de estos recursos”, agregó Cubides.

Los arrestos se realizaron en Bogotá, Cali, Pereira, Barranquilla y otras zonas de los departamentos de Huila y Tolima. La coordinación con las fuerzas policiales de otros países resultó ser fundamental para este operativo. “La cooperación internacional fue clave en la obtención y análisis de pruebas”, afirmó el coronel Cubides, destacando el crucial papel de las agencias extranjeras en proporcionar información valiosa.

Uno de los métodos más utilizados por estos depredadores sexuales fue la confianza generada a través de perfiles falsos en redes sociales, una táctica que les permitía obtener múltiples víctimas. De acuerdo con la Policía Nacional, este modus operandi también incluía la amenaza y la coerción para continuar recibiendo contenido sexual de los menores, manteniendo así una constante fuente de material para la comercialización.

Con estas acciones, la Policía no solo detuvo a los involucrados, sino que además logró cortar una cadena de explotación infantil que se extendía más allá de las fronteras de Colombia. El coronel Juan Pablo Cubides hizo un llamado enfático a los padres de familia y tutores para que verifiquen las actividades en línea de los menores y denuncien cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo su bienestar.

La divulgación masiva de materiales probatorios y las pruebas recabadas antes y durante los arrestos serán clave para los procesos judiciales que se llevarán a cabo contra estos individuos.

Hasta la fecha, en Colombia se han realizado 53 operativos en contra de la pornografía infantil en el 2024. Las autoridades han logrado desmantelar varias redes de distribución y han capturado a múltiples individuos implicados en estos

Los capturados por delitos de pornografía infantil en Colombia son presentados ante la justicia y enfrentan un proceso judicial. Dependiendo de las pruebas y la gravedad del delito, pueden ser imputados y llevados a juicio.

Si son hallados culpables, pueden recibir penas de cárcel que varían según la naturaleza y severidad de los actos cometidos. Además, las autoridades trabajan en la identificación de víctimas y en la protección de sus derechos durante todo el proceso judicial.