Policías acusados de extorsión: pidieron una millonada a presuntos delincuentes para no entregarlos a las autoridades

El escándalo sacude a la Policía Nacional en Antioquia: dos patrulleros, Luis Fernando Bustamante Santa y Wilmer Antúnez Moreno, fueron enviados a centro carcelario por su presunta participación en la captura ilegal de dos personas que transportaban cuatrocientos gramos de oro en un vehículo particular.

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Los acontecimientos, que tuvieron lugar en la zona urbana de Bello la noche del 14 de octubre de 2023, han dejado atónitos a los ciudadanos. Según la investigación, los uniformados retuvieron a las víctimas y les exigieron la mitad del oro o, alternativamente, la exorbitante suma de ochenta millones de pesos para no ser entregados a la Fiscalía. Bajo esta presión, los retenidos accedieron a entregar once millones de pesos a los policías.

En un giro dramático, Bustamante Santa y Antúnez Moreno fueron capturados por sus propios compañeros de la Policía Nacional. Durante las audiencias preliminares, ambos se negaron a aceptar los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, que los acusa de concusión y privación ilegal de la libertad.

El caso se torna aún más turbio al revelarse que el patrullero Antúnez Moreno enfrenta otro proceso judicial en Bucaramanga por hurto y concusión, delitos ya imputados. Este nuevo escándalo pone en tela de juicio la integridad de la Policía y genera una ola de indignación pública, mientras la comunidad espera con ansias justicia en este oscuro episodio de corrupción y abuso de poder.

Según la ley colombiana, los patrulleros Luis Fernando Bustamante Santa y Wilmer Antúnez Moreno, podrían enfrentar diversas sanciones y castigos. En primer lugar, podrían ser condenados a varios años de prisión, dependiendo de la gravedad de los delitos y las circunstancias específicas en cada caso.

Además de la privación de la libertad, podrían ser inhabilitados para ejercer funciones públicas. Esta inhabilitación implica la suspensión de sus derechos políticos y la imposibilidad de trabajar en el sector público durante el tiempo que determine el juez. Asimismo, las sanciones podrían incluir multas económicas significativas, que estarían determinadas por el juez según la gravedad de los delitos cometidos y el monto del dinero extorsionado.

Otra consecuencia probable es la destitución de sus cargos en la Policía Nacional, lo que significaría la pérdida definitiva de sus puestos. Además, podrían ser obligados a restituir a las víctimas los valores extorsionados o a pagar una indemnización por daños y perjuicios, según lo determine la justicia.

Estas sanciones están previstas en el Código Penal Colombiano y en las normas disciplinarias de la Policía Nacional, que buscan castigar y prevenir actos de corrupción y abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos.

Desde los oscuros pasillos del poder hasta las celdas del sistema penitenciario, la corrupción se hace palpable en Buenaventura. La Fiscalía General de la Nación ha destapado un caso que pone en el ojo del huracán a María Liliana Vivas Paz, ex directora del Inpec y actual secretaria de Gobierno. Las investigaciones revelan una trama siniestra en la que se acusa a Vivas Paz de exigir un millón de pesos a los internos para ser trasladados a centros de detención transitorios.

Pero el esquema no termina ahí. Según la Fiscalía, Vivas Paz también cobraba por cambios de patio, ofreciendo mejores condiciones y facilidades de comunicación con abogados y familiares a cambio de dinero. Entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, la exfuncionaria y un dragoneante del Inpec, identificado como Jhon Fredy Casanova Jaramillo, habrían recaudado 15 millones de pesos a través de estas prácticas ilícitas.

Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Valle del Cauca imputó a Vivas Paz el delito de concusión. La caída de esta poderosa funcionaria deja al descubierto una red de corrupción que comenzó a desmoronarse cuando, el 7 de marzo de 2023, la Fiscalía judicializó al dragoneante Casanova Jaramillo, quien ahora cumple medida de aseguramiento en su residencia.