El municipio de Cajibío, en el departamento de Cauca, fue escenario de un nuevo episodio de violencia por el asesinato de tres personas a manos de hombres armados, según reportes de las autoridades. Los constantes crímenes intensifican la preocupación por la situación de orden público en la región.
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los hechos comenzaron con el asesinato de un joven de 16 años en un establecimiento público del perímetro urbano del mencionado municipio. Dos días después, tras las honras fúnebres del joven, sujetos armados irrumpieron en una vivienda en la vereda El Arado y asesinaron a Albeiro y Ezequiel Ordóñez, de 56 y 40 años, respectivamente, los cuales eran familiares del menor asesinado. En este ataque resultó herida una menor de 8 años.
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Indepaz señaló que la Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas para este territorio del centro del Cauca, advirtiendo la presencia de actores armados que restringían la movilidad de los habitantes. “De igual manera, han comenzado a aplicar formas de violencia homicida con gran impacto social como sanción para quienes contravienen sus normas”, indicó la entidad.
En esta zona operan estructuras delictivas como la Jaime Martínez, del Estado Mayor Central de las Farc, y fracciones del ELN. De igual manera, las autoridades dieron inicio a las indagaciones correspondientes con el fin de esclarecer con exactitud los motivos detrás de estos crímenes y así mismo dar con la captura de los responsables.
El reciente acontecimiento violento en Cajibío fue catalogado por Indepaz como la masacre número 23 en lo que va del 2024. La reiterada inseguridad en la región pone en evidencia la urgente necesidad de intervención por parte del Estado y de organizaciones de derechos humanos.
El corregimiento de Ortega en Cajibío enfrenta una crisis de seguridad por control de las Farc
Los habitantes del corregimiento Ortega, en el municipio de Cajibío, Cauca, están sumidos en la desesperación debido al incremento de la violencia en la región. Las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco, tienen un amplio control del territorio e imponen normas que afectan a la sociedad local. La población hizo un llamado urgente a las autoridades para que aseguren sus derechos.
En un relato enviado a la revista Semana, firmado por 44 personas, los residentes denuncian ser víctimas de masacres, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos y constantes amenazas. “Hemos sido desamparados por el Estado”, expresan en el documento.
Según la comunidad, los guerrilleros se visten de civil, patrullan las carreteras en camionetas, improvisan retenes ilegales y restringen la movilidad. También vigilan cada recorrido vecinal y utilizan las juntas de acción comunal para identificar a los residentes.
Entre 2022 y 2023, cinco ciudadanos murieron a manos de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño. Además, siete líderes sociales han recibido amenazas contra su vida.
Las denuncias indican que los caficultores están prohibidos de vender sus productos en las cabeceras municipales, lo cual tendría el objetivo de que los habitantes se desplacen, permitiendo a las disidencias adueñarse de los terrenos para sembrar estupefacientes. La región cuenta con cientos de hectáreas de marihuana y centros de producción de cocaína.
Las disidencias de las Farc también impusieron un toque de queda nocturno que inicia a las 6:00 p. m., y restringieron los movimientos en motocicletas. “Un tipo de secuestro a la población civil”, manifiestan los campesinos, destacando el intenso control que limita su libre movilidad.
Los habitantes del corregimiento Ortega realizaron cuatro peticiones principales a las autoridades locales, regionales y nacionales, todas con el propósito de garantizar seguridad y evitar la repetición de estos eventos de violencia. Además, solicitan protección y seguridad con presencia permanente del Estado en las vías de acceso, vigilancia del Ejército y la Policía, un consejo de seguridad para tomar decisiones contundentes y apoyo psicosocial.
Estas peticiones han estado vigentes desde 2022, pero, según los firmantes, no han sido atendidas. Responsabilizan al Gobierno nacional, liderado por Gustavo Petro, y al sector Defensa, señalando que la omisión ha resultado en asesinatos y secuestros en la comunidad.