
El economista José Daniel Rojas Medellín, que asumió la dirección de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a finales de 2022, reveló que la entidad enfrentaba serios problemas financieros y operativos desde su llegada. Destacó la falta de un inventario completo de los bienes incautados a la mafia como uno de los principales desafíos.
Rojas detalló en una entrevista para el diario El Espectador los esfuerzos realizados para abordar estos problemas desde su llegada al cargo, al destacar la implementación de medidas para mejorar la gestión de los activos incautados y la revisión de los sistemas informáticos de la entidad. Además, señaló la importancia de establecer alianzas con otras instituciones, como la Fiscalía General de la Nación, para garantizar la transparencia del inventario de la SAE.
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“Hemos tenido constantes auditorías de la Contraloría porque hemos tenido demasiadas alertas que día a día estamos tratando de cerrar”, mencionó el director de la SAE.
Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la entrega del Castillo Marroquín a la Universidad Pedagógica. Este predio, que alguna vez perteneció a un narcotraficante relacionado con Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, forma parte de un proceso de extinción de dominio y será destinado a ampliar la cobertura y la infraestructura universitaria.
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“El presidente no dio la instrucción de entregar a la Universidad Pedagógica este predio específico, pero sí dio la instrucción, desde el inicio del Gobierno, de apoyar la expansión de la universidad pública en todos el país. Por lo que ya hemos entregado predios a Univalle, Universidad de Antioquía, Universidad de Caldas, Universidad del Atlántico, Universidad Distrital y el Instituto Etitic”, se lee en la entrevista.
“El predio comprende muchas más áreas para la construcción, por lo que sí es apto para que funcione un campus universitario”, agregó José Daniel Rojas Medellín.

El director de la SAE también abordó el tema de la entrega de bienes a las víctimas del conflicto armado, al señalar la importancia de garantizar una administración eficiente y transparente de los activos incautados. Además, recordó la necesidad de establecer mecanismos legales que permitan una mayor flexibilidad en la entrega de estos bienes a organizaciones sociales y entidades sin ánimo de lucro.
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Por este tema Rojas dijo que: “Ahora, hay un cuello de botella y es que la mayoría de los bienes de la SAE no se ha definido judicialmente la propiedad del bien”
“Hicimos un cierre en 2023 que nos arroja cifras: 27.900 bienes inmuebles no sociales, 1.987 sociedades y establecimientos de comercio en aproximadamente 20 sectores de la economía de todos los tamaños (grandes, medianas y pequeñas empresas en todo el país) y un valor aproximado de los activos de $9,8 billones. Todas las cifras son aproximadas porque la Dirección Nacional de Estupefacientes tenía un rezago importante en avalúos. No todos los activos de la SAE están avaluados, entonces no podemos establecer un valor puntual del inventario”, recalcó Rojas.
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En cuanto a la gestión de los bienes pertenecientes al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, Rojas informó que la mayoría de estos activos están destinados a engrosar el fondo de víctimas para la reparación. Sin embargo, destacó la existencia de algunos bienes que aún están bajo la administración de la SAE y que serán transferidos a la Agencia Nacional de Tierras en el marco de un proceso de enajenación temprana.
Ante este tema, Rojas dijo al diario en mención que: “Aún contamos con 49 bienes que pertenecieron a Mancuso, 48 de ellos son bienes rurales ubicados en Córdoba, la mayoría de ellos en el municipio de Valencia, y un apartamento en Medellín, cuyo avalúo catastral está en $13.762 millones. Hay que actualizar las cifras, pero los rurales los tenemos destinados para ser trasladados a la Agencia Nacional de Tierras bajo la modalidad de enajenación temprana”.
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Por otro lado, Rojas también mencionó los desafíos personales que ha enfrentado como director de la SAE, incluidas amenazas de muerte contra sus padres. A pesar de estas dificultades, destacó el apoyo recibido por parte de las autoridades y reafirmó su compromiso con la defensa de la institucionalidad y el Plan Nacional de Desarrollo.
En cuanto a las acusaciones de intervención en política, Rojas señaló que cualquier funcionario público tiene la responsabilidad de respetar las normativas en materia electoral, pero reafirmó su compromiso con la defensa de la institucionalidad y el bienestar de la sociedad.
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