Gustavo Petro defiende el Ministerio de la Igualdad: “No perseguir la igualdad es no perseguir el Estado Social de Derecho”

La noche del miércoles 8 de mayo de 2024, la Sala Plena de la Corte Constitucional anuló la Ley 2281 de 2023, que había establecido el Ministerio de la Igualdad y Equidad. Este organismo, dirigido por la actual vicepresidenta de la República, Francia Márquez, ha enfrentado críticas por su escasa ejecución presupuestaria desde su inicio en junio de 2023.

El tribunal superior resolvió que la mencionada entidad gubernamental sólo funcionará hasta la conclusión del periodo presidencial de Gustavo Petro, cesando su existencia a partir del 20 de julio de 2026, después de finalizar las dos siguientes legislaturas, y no formará parte de la estructura estatal posteriormente.

A raíz se generaron múltiples reacciones al respecto, es por ese motivo que el medio El País de Cali hizo un artículo hablando con respecto al tema y citaron al senador del partido Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa quien calificó el ministerio como un “un claro embeleco burocrático”. Por este motivo, el presidente Petro decidió hacer una publicación en su cuenta de X defendiendo el Ministerio de la Igualdad.

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En su réplica, el jefe de Estado dijo que cuando se hablaba de igualdad, terminaba siendo un “embeleco” y que cuando se habla de comercio es un “portento”.

Además, agregó en su publicación lo siguiente: “No perseguir la igualdad es no perseguir el Estado Social de Derecho. El conflicto político no es en realidad entre derechas e izquierdas es entre el neoliberalismo y la Justicia Social”.

Poco después de que el presidente de la República creara dicho post, varias personalidades políticas le contestaron al primer mandatario. Una de estas, fue el representante a la Cámara, Andrés Forero, miembro del partido de oposición Centro Democrático. El legislador le dijo al jefe de Estado que creía que esta cartera resolvería “por arte de magia” la desigualdad.

“En Venezuela el dictador creó el Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo. En Colombia el presidente cree que un Ministerio de la Igualdad resolverá por arte de magia la desigualdad. @petrogustavo cada vez está más Maduro”, dijo el legislador perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

En ese sentido, el partido de oposición Cambio Radical se unió a las respuestas al primer mandatario, y comenzaron diciendo que en efecto el Ministerio de la Igualdad “era un embeleco” y agregó: “su ejecución no llega ni al 1%, solo paga sueldos y eso que de los 744 cargos que creo apenas han contratado 129 y 5 viceministerios y direcciones tipo goce efectivo de derechos y fomento de oportunidades para la juventud”.

También establecieron una comparación entre el recientemente anulado Ministerio de la Igualdad y Equidad y el “Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo”, creado en Venezuela por el gobierno chavista. Según el partido, este paralelismo sugiere ineficacia, haciendo alusión al éxodo masivo de venezolanos como indicativo de que la iniciativa no cumplió su propósito.

Y cerraron su publicación diciendo: “No hay que olvidar que mientras @petrogustavo corta relaciones con Israel y ataca a Netanyahu, calla ante las más de 330.000 muertes violentas que ha tenido el país vecino en lo que lleva el chavismo”.

En cuanto a dicha determinación que termina con la cartera antes mencionada, la Sala Plena de la Corte Constitucional identificó varios errores procesales en el desarrollo de la ley que establecía el ministerio, motivo por el cual fue declarada inconstitucional durante su discusión. Esta decisión apoyó la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, perteneciente al Centro Democrático, que expresó satisfacción por el veredicto.

La Corte determinó que durante el proceso de aprobación, el Congreso cometió un error de procedimiento considerado irremediable al no realizar el análisis de impacto fiscal requerido para la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad. Este análisis es una exigencia del artículo 7º de la Ley 819 de 2003, que establece las normas básicas en cuanto a presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal.