En un reciente encuentro de “Gobierno con el pueblo” celebrado en Ciudad Bolívar, Bogotá, el lunes 6 de mayo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se dirigió a los asistentes para abordar la grave crisis carcelaria por la que atraviesa Colombia.
Durante su intervención, Osuna destacó un proyecto innovador que se está gestando desde su cartera: la creación de “Colonias agrícolas” como una alternativa para enfrentar y transformar la situación penitenciaria del país, considerando para su posible ubicación los municipios de Chonta o Pacho, en Cundinamarca.
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Esta propuesta no es completamente nueva, ya que se basa en el marco legal establecido por el Código Penitenciario y Carcelario de 1993. Dicha norma contempla diversos tipos de establecimientos de reclusión, incluyendo las colonias como una opción. Estas colonias están pensadas como centros donde los internos pueden cumplir sus condenas a través del trabajo colectivo y el aprendizaje de labores técnicas con el fin de lograr su resocialización, objetivo último de la pena privativa de libertad.
El Gobierno del presidente Petro ha venido promoviendo la “humanización del sistema carcelario” como uno de sus principales objetivos, radicando incluso un proyecto de ley por parte de los Ministerios del Interior y de Justicia para otorgar mayor flexibilidad al funcionamiento de las cárceles en el país.
Las colonias agrícolas, bajo esta perspectiva, no solo se erigen como espacios de reforma y aprendizaje, sino también como proyectos productivos capaces de autosustentar las necesidades alimentarias de los reclusos.
Además, durante su alocución, el ministro Osuna mencionó la posibilidad de expandir el complejo penitenciario La Picota, a través de la construcción de nuevas instalaciones. Sin embargo, esta idea levantó preocupaciones entre los vecinos de la zona, quienes argumentan que dicha expansión podría empeorar las ya delicadas condiciones de seguridad en su entorno.
Una inquietud similar es compartida por agricultores y campesinos en otras regiones, recelosos de la idea de tener centros de reclusión cerca de sus áreas de trabajo y residencia.
La ejecución de proyectos similares en el pasado enfrentó obstáculos significativos. Por ejemplo, la iniciativa de establecer una cárcel de colonia agrícola en Yarumal, Antioquia, acabo siendo un “elefante blanco”, es decir, una infraestructura costosa y subutilizada. Las instalaciones no solamente incumplieron las expectativas de seguridad requeridas para albergar a los internos, sino que también fallaron en proporcionar custodia adecuada.
No obstante, ya existe un antecedente funcional de lo que podría ser el modelo a seguir: en Acacías, Meta, opera una de las primeras colonias de mínima seguridad. Aunque es un proyecto más pequeño, este podría servir como un plan piloto que inspire la implementación de iniciativas más amplias y estructuradas en el futuro.
¿Qué representaría?
La implementación de colonias agrícolas como parte de una reforma al sistema penitenciario en Colombia propone una solución multifacética a varios de los problemas endémicos que enfrenta tanto el sistema carcelario como la sociedad en general. Según el Gobierno, este modelo, que privilegia la rehabilitación y la resocialización sobre el castigo, ofrece beneficios tangibles desde diversas perspectivas, incluyendo los derechos humanos, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.
- Derechos humanos: las colonias agrícolas mejoran el trato y la calidad de vida de los reclusos, promoviendo la dignidad humana y el desarrollo personal, y facilitando su reintegración productiva en la sociedad.
- Seguridad Alimentaria y Desarrollo Económico: la agricultura en las colonias fomenta la autosuficiencia alimentaria, genera excedentes comerciables, crea ingresos para los proyectos y participantes, y estimula la economía local a través de prácticas agrícolas sostenibles.
- Resocialización Efectiva: el modelo contribuye a la rehabilitación de los reclusos mediante trabajo en equipo, aprendizaje de oficios y valores como la responsabilidad, contribuyendo a una transición suave hacia la vida civil y reduciendo la reincidencia.
- Sostenibilidad Ambiental: ayuda a implementar prácticas de agricultura sostenible y gestión ambiental, beneficiando al entorno, conservando recursos, y preparando a los reclusos para oficios en economías sostenibles.
Sin embargo, la implementación requiere una cuidadosa selección de ubicaciones para evitar conflictos con comunidades locales, asegurar la seguridad, proveer infraestructura adecuada, y respetar los derechos laborales de los reclusos, evitando la explotación.
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