Exjuez de Sucre enfrenta cargos por ordenar pagos ilegales a docentes del departamento

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Iván Francisco Daza Ramírez, exjuez primero promiscuo de Corozal, por presuntas irregularidades en el pago de prestaciones laborales a 112 docentes del departamento de Sucre.

Daza Ramírez es señalado de haber ordenado el desembolso irregular de más de 4.328 millones de pesos en dos fallos de tutela, lo que, según las investigaciones, “habría generado un desembolso injustificado de 1.103 millones de pesos” más de lo debido.

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Los docentes, que se vieron beneficiados por estas decisiones judiciales, buscaban el reconocimiento de cantidades que alegaban no haber recibido por demoras en el desembolso de sus cesantías.

Como resultado de las acciones de Daza Ramírez, se emitieron órdenes de embargo y secuestro de las cuentas a nombre del municipio de Corozal, para asegurar los montos establecidos en los fallos. Mediante seis autos, emitidos entre abril y mayo de 2008, el exjuez facilitó que estos fondos fueran posteriormente entregados al abogado representante de los docentes para su distribución entre los reclamantes.

La investigación liderada por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía apunta a que las decisiones de Daza Ramírez podrían haber sido contrarias a la ley. Se le acusa de haber “indexado valores y tener en cuenta intereses moratorios”, prácticas improcedentes en este caso que resultaron en que el municipio pagara una suma significativamente mayor de lo adeudado.

Esta situación ha llevado a que se le impute “los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado en favor de terceros”, aunque los cargos no fueron aceptados por el exjuez.

La Fiscalía General de la Nación también anunció esta semana que asumió la dirección de la investigación sobre el homicidio de Luciana Moscoso Moreno, una mujer trans que fue hallada muerta en su residencia en Ciudad Berna, casi tres años después del suceso ocurrido el 9 de junio de 2021.

Este caso es uno de los varios ataques contra miembros de la comunidad LGTBIQ+: Caribe Afirmativo, un observatorio de derechos humanos, ha registrado 11 asesinatos de personas de esta comunidad hasta abril, señalando a las mujeres trans como las más afectadas con cuatro incidentes.

Detrás del caso de Luciana Moscoso Moreno, el ente investigador ha destacado el avance significativo en la causa con la detención de Jonathan David Castro Acuña, acusado de ser el autor material del asesinato, basándose en evidencias como registros de cámaras de seguridad.

Dicho suceso, catalogado inicialmente como un crimen motivado por robo, pone en evidencia la vulnerabilidad y los actos de violencia que enfrenta la comunidad trans en el país. La Fiscalía ha anunciado un seguimiento especial a otros seis casos de feminicidios trans ocurridos recientemente en diferentes ciudades, incluyendo Bogotá, Cali y Pasto, reiterando su compromiso por una justicia efectiva y la promoción de un entorno inclusivo.

La investigación reveló que Castro Acuña fue la última persona en ingresar al domicilio de Luciana, lo que, junto a testimonios y el análisis forense que determinó una herida de arma blanca como causa de muerte, condujo a su acusación por homicidio agravado y hurto calificado.

A pesar de que los cargos han sido negados por el acusado, la captura representa un paso hacia la justicia para Luciana Moscoso y refleja el esfuerzo por abordar la discriminación y violencia por orientación sexual o identidad de género en Colombia.

El enfoque del Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación de Violencias Fundadas en la Orientación Sexual y/o Identidad de Género de las Víctimas en este caso, destaca la importancia de abordar con seriedad y diligencia los crímenes contra la comunidad LGTBIQ+. Las autoridades se muestran firmes en su intención de garantizar un entorno seguro para toda la comunidad, haciendo un llamado a la sociedad para cerrar las brechas de discriminación y violencia.