Ultimátum de la JEP a la UNP: tiene 24 horas para responder por las medidas de seguridad de excombatientes de las Farc

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio un plazo de 24 horas a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que envíe un informe sobre las medidas que ha adoptado para garantizar la vida, seguridad integral y comparecencia de excomandantes del Comando Conjunto Central de las Farc.

Así lo ordenó el tribunal de paz en medio de la primera audiencia regional de reconocimiento de verdad que se adelanta el viernes 26 de abril en Ibagué, y en la que diez comparecientes de la extinta guerrilla rinden su versión sobre los secuestros ocurridos en Tolima, norte de Huila y Quindío.

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También le solicitó a la Agencia de Reincorporación y Normalización que, de manera conjunta, proporcionen información sobre las acciones que han tomado para reubicar físicamente a los comparecientes amenazados y desplazados, y para garantizar la continuidad de los proyectos productivos que estaban en curso en su proceso de reincorporación.

De la misma forma, pidió celeridad en las investigaciones judiciales por las amenazas de las disidencias a los excombatientes:

“La Sala de Reconocimiento de la Verdad reconoce la importancia de avanzar en el esclarecimiento de las amenazas y persecuciones por parte del Estado Mayor Central (EMC) contra los comparecientes de la JEP, por lo que le ordenó a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación que, en un plazo de cinco días, presente un informe detallado que dé cuenta del estado de las investigaciones judiciales sobre estas denuncias”, señaló la JEP.

Estas órdenes se suman a emitida por la Corte Constitucional con el fin de evitar una “doble vulneración a los derechos fundamentales” de los comparecientes ante la JEP y de las víctimas acreditadas en el macrocaso 01.

El alto tribunal le ordenó al director general y al subdirector especializado de seguridad y protección de la UNP, llevar a cabo un trámite de emergencia para atender la situación de los comparecientes y adoptar e implementar medidas de protección transitorias y complementarias.

Además, exhortó al Ministerio de Defensa, a la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, a la Policía Metropolitana de Ibagué, al Comando Conjunto Estratégico de Transición del Comando General de las Fuerzas Militares, a la División Quinta y a la Sexta Brigada del Ejército Nacional reforzar las estrategias y protocolos para garantizar las condiciones estructurales de seguridad durante la audiencia.

Cabe recordar que el 25 de abril, a un día de la audiencia por secuestros, los exjefes guerrilleros solicitaron se aplazara la diligencia, advirtiendo que su vida e integridad estaba en riesgo por las amenazas recibidas. Responsabilizaron al Gobierno de lo que les pueda pasar:

“Al llegar a las jornadas preparatorias advertimos que no existen garantías para ejercer nuestro derecho y nuestra obligación a la comparecencia en la audiencia. No se han realizado las acciones necesarias por parte de las entidades correspondientes (Unidad Nacional de Protección y la JEP) para garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias en esta Audiencia, ni posterior a la misma, al contrario, nos pone en un estado de mayor vulneración y es por ello que les hacemos responsables de lo que pueda pasar en adelante”, señalaron en una carta enviada a la JEP.

“Alertamos de la participación de personas que desertaron de las filas guerrilleras y que no asumieron compromisos con el Acuerdo Final de Paz. Esta iniciativa de la JEP mina el proceso de construcción de confianza que se ha generado hasta ahora”, agregaron.

Luis Eduardo Rayo, Enoc Capella Trujillo, John Jairo Oliveros Grisales, Nelson Antonio Jiménez, Édgar Ramírez Medina, Víctor Hugo Silva, Álvaro López, Gustavo Bocanegra, Wilson Ramírez Guzmán y Raúl Agudelo Medina se encuentran rindiendo versión por su participación en crímenes de guerra cometidos cuando hacían parte de distintos frentes, columnas móviles y comisiones financieras del Comando Conjunto Central de las Farc.

Entre los crímenes por los cuales fueron imputados están la toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos; y por crímenes de lesa humanidad relacionados con privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, violencia sexual, tortura, entre otros.