
El 24 de abril, el presidente Gustavo Petro anunció que radicará en el Congreso un nuevo proyecto de reforma a la salud. Esto, luego de que su anterior propuesta se hundiera en la Comisión Séptima del Senado.
De acuerdo con el mandatario, esta vez, la propuesta será enriquecida con aportes de pacientes, personal de salud y demás prestadores del servicio. Sin embargo, pese al compromiso del Gobierno de incluir a todos los actores del sector salud, un grupo de exministros y exviceministros enviaron una carta al jefe de Estado exigiendo una “real participación” en la creación del articulado.
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Y es que, mientras el Gobierno señaló que durante los últimos días, realizaron mesas de trabajo con la participación de los gremios de las EPS, tanto del régimen contributivo como subsidiado, ACEMI, con la representación de Nueva EPS, Salud Total, EPS Sura y Compensar; y Gestarsalud representado por Mutualser y Coosalud, y delegados de Presidencia de la República y del Ministerio de Salud; en la misiva, los exfuncionarios dicen estar preocupados porque en las negociaciones de una eventual nuevo proyecto de reforma al sistema de salud no se contó con la participación de todos sus agentes.
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“Siempre hemos expresado nuestra voluntad de buscar los consensos en el marco de un verdadero diálogo democrático. No hemos obtenido respuesta y la forma como se están desarrollando estas nuevas conversaciones son excluyentes y segmentadas; lo cual contradice una verdadera participación ciudadana en un tema trascendental como es la salud de los ciudadanos y los cambios que mejoren el sistema que regula y protege este derecho fundamental”, aseguraron.

Seguido, manifestaron que cualquier reforma al sistema de salud “debe atender los mínimos constitucionales que hemos señalado desde hace más de un año”. Así las cosas, exigieron que el nuevo proyecto que alista el Gobierno cumpla con:
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- Definir un plan con metas y objetivos precisos, y con recursos claros.
- Reconocer los avances en el goce efectivo del derecho a la salud que se han logrado y definir cómo se van a proteger para que no haya regresividad.
- Establecer los recursos financieros suficientes para hacer sostenibles las transformaciones, que se contemplen en la reforma.
- Asegurar una transición acertada en la cual se determine la protección y continuidad de los tratamientos e intervenciones para usuarios y pacientes.
- Establecer una “amplia y verdadera participación ciudadana” en la proyección, la discusión, el debate y la aprobación de una reforma.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el grupo de 20 exministros, el anterior proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional y que fue archivado en el Senado de la República, no cumplía con esos mínimos constitucionales. “Por esa razón, regresar a un proyecto semejante no sería un avance en la búsqueda de consensos para los cambios que requiere el sistema”.

Sumado a la anterior, los exfuncionarios criticaron la gestión del Gobierno frente a la crisis financiera en el sector. Dicen que no se ha hecho nada para darle solución a la problemática: “(...) no vemos que el gobierno nacional haya atendido los múltiples llamados que se han hecho por parte de todos los agentes del sistema, para solucionar la desfinanciación estructural que enfrenta el sector. Este es un tema central y su falta de solución conduce paso a paso al colapso del sistema”, sostuvieron.
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Finalmente, reiteraron el llamado a la concertación entre los actores del sector salud y el Gobierno: “Renovamos nuestro llamado a establecer a una amplia mesa de concertación nacional en la cual participen el gobierno, el congreso de la República y los agentes relevantes del sector, como usuarios, pacientes, académicos, aseguradores, prestadores y proveedores de insumos y medicamentos, entre otros. Insistimos que de las discusiones de esa mesa deberán surgir las modificaciones por vía regulatoria o de cambios de ley que se necesiten”.
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