En medio de la controversia sobre la administración de los recursos destinados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), el presidente Gustavo Petro tomó una postura firme en respuesta a las declaraciones de la representante Catherine Juvinao.
El mandatario ha reiterado su compromiso con la revitalización de su propuesta de reforma a la salud, la cual no prosperó en el Congreso, y ha aprovechado para abordar las críticas surgidas a raíz del informe de la Contraloría que sugiere una posible pérdida de fondos.
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Petro ha cuestionado la postura de Juvinao, quien habló de un supuesto desfinanciamiento del Gobierno a las EPS, argumentando que el contralor había identificado indicios de una pérdida de recursos, estimada en nueve billones de pesos desde 2019, a través de la unidad de pago por capitación realizada por el Gobierno. El presidente ha expresado su desconcierto y descontento en su cuenta de X.
“La parlamentaria sigue hablando de desfinanciamiento del gobierno a las EPS, cuando el contralor muestra serios indicios de pérdida de los recursos por nueve billones de pesos desde el año 2019 a través de la unidad de pago por capitación hecha por el gobierno. Nunca en mi vida parlamentaria había visto tanta indolencia explícita por los recursos públicos”, fueron las palabras del presidente.
La respuesta del mandatario vino después de que Juvinao reaccionara al decreto de giro directo en el sistema de salud anunciado por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Dicho decreto establece que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) realice desembolsos directos a los proveedores e IPS, minimizando así el papel intermediario de las EPS.
La congresista ha reconocido que, aunque la medida cuenta con un amplio consenso y presenta aspectos positivos, también conlleva “algunos riesgos importantes”.
Juvinao ha explicado en su cuenta de X que el decreto estipula que el giro directo se aplicará bajo tres circunstancias específicas: cuando las EPS no mantengan el patrimonio adecuado, cuando estén bajo intervención de la Superintendencia de Salud o cuando opten voluntariamente por el mecanismo. La representante ha criticado la postura del Gobierno, que según ella, no atendió las solicitudes del Congreso porque tenía la intención de eliminar las EPS.
La congresista ha enfatizado que el giro directo es una medida “necesaria”, destacando que algunas EPS han malversado fondos o los han utilizado para favorecer sus redes privadas en detrimento de las públicas. Además, ha señalado que aquellas EPS que no han podido sobrevivir debido a la desfinanciación están solicitando la implementación del giro directo, ya que no pueden asumir el riesgo financiero, aunque sí el riesgo en salud.
“El giro directo es una medida necesaria: es cierto que históricamente las EPS han tenido incentivos perversos para malversar los recursos de la salud. No son todas. Pero es cierto que algunas robaron y otras los usaron para alimentar sus redes privadas en desmedro de las públicas”, dijo Juvinao.
Añadió que “las EPS que no han sobrevivido, no por robar sino porque ya no logran cumplir con el régimen de solvencia dada la desfinanciación de la UPC y presupuestos máximos, están pidiendo ellas mismas la implementación del giro directo. ¿Por qué? Porque claramente ya no pueden responder por el riesgo financiero, aunque sí por el riesgo en salud. Esto lo pedimos insistentemente en la reforma: quítenles a las EPS el riesgo financiero y déjenles el riesgo en salud pues son ellas las que tienen el know how, no el Estado ni los políticos. No fue posible. El gobierno sencillamente las quería desaparecer y reducir a un rol de ‘gestoras’ en donde no iban a hacer ni fú ni fá, pero en cambio sí les iban a reconocer entre el 5% y el 8% de la UPC, básicamente sin hacer nada relevante. Eso es un platal al año, entre 5 y 7 billones de pesos”.
Juvinao anticipa que todas las EPS eventualmente optarán por el giro directo debido a la intervención o al incumplimiento del patrimonio adecuado, producto de la desfinanciación. Ella cuestiona la capacidad de la Adres para asumir la responsabilidad del desembolso, sugiriendo que esta situación podría llevar a un escenario en el que la Adres se convierta en la entidad encargada de los pagos, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia y transparencia del proceso.