Una investigación realizada por el medio israelí Haaretz sacó a la luz un presunto acuerdo entre el gobierno colombiano del expresidente Iván Duque y la empresa NSO, fabricante del software espía Pegasus. Según esta información, hacia principios de año 2020, Colombia habría adquirido este programa, que tiene la capacidad de interceptar las comunicaciones encriptadas de los teléfonos inteligentes.
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La transacción, valorada en 13 millones de dólares, habría requerido medidas excepcionales, como el pago en efectivo y el transporte del monto en un avión privado hacia Israel.
Este acuerdo no solamente involucró a dos gobiernos y una empresa privada, también despertó preocupaciones en torno a la legalidad y la ética de la utilización de herramientas de vigilancia. Se detalla que el Ministerio de Defensa de Israel juega un papel crucial en la aprobación de las ventas de Pegasus, dado que cualquier transacción de esta índole tiene que recibir luz verde de dicho organismo.
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“Una vez que NSO completó una serie de tareas asignadas por varios funcionarios de este Ministerio, recibieron una carta en 2021 confirmando que la venta a Colombia era legal”, se revela en Haaretz.
A lo largo de la investigación, fue posible confirmar que las negociaciones y acuerdos previos se llevaron a cabo directamente entre un representante de NSO y una autoridad oficial del gobierno colombiano en 2020. Los detalles sobre cómo se estructuró la negociación y el método de pago acordado sugiere una operación compleja y altamente confidencial.
“Las alarmas se encendieron”, menciona el medio israelí, refiriéndose a la reacción ante el monto y las condiciones inusuales de la transacción propuesta. Es evidente que, para poder facilitar este acuerdo, fueron necesarias gestiones y aprobaciones a varios niveles dentro del Ministerio de Defensa israelí.
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Diferentes fuentes cercanas al caso proporcionaron detalles cruciales sobre el desarrollo de las negociaciones. Aunque funcionarios del gobierno de Duque han negado la existencia de este acuerdo, la documentación y las afirmaciones reportadas por Haaretz sugieren la realización de esta operación.
Este asunto no solo atañe a los gobiernos y empresas involucradas, también incumbe a la sociedad civil, dado el impacto potencial de la tecnología de Pegasus en los derechos a la privacidad y la libertad de expresión.
Lo niegan todo
Desde Bogotá, exfuncionarios de la administración Duque dejaron claro que las presuntas negociaciones para la adquisición del software espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, no tuvieron lugar. Las autoridades colombianas han enfatizado que tales operaciones tecnológicas no se pueden llevar a cabo sin la aprobación directa de Estados Unidos, su principal socio en cuestiones de inteligencia digital.
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“Colombia no adquiere ese tipo de programas si no tienen el visto bueno de Estados Unidos”, le aseguraron las fuentes a La W, destacando la dependencia de la aprobación norteamericana para procedimientos de esta índole.
Asimismo, dentro de la estructura del gobierno, específicamente en el Ministerio de Defensa, se ha investigado exhaustivamente la posibilidad de un acuerdo con NSO Group a través de la revisión de su base de datos en busca de contratos firmados entre 2020 y la actualidad.
La indagación ha concluido que “no se suscribieron contratos entre el MDN y la empresa israelí NSO GROUP para la compra del software Pegasus”, lo que descarta oficialmente, según la entidad, la realización de tal operación.
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Este pronunciamiento llega en un momento en que el uso de herramientas como Pegasus, capaces de infiltrar dispositivos para extraer información sin detección, genera intensos debates a nivel mundial sobre privacidad y supervisión gubernamental.
Además de las garantías proporcionadas por el Ministerio de Defensa, se ha puesto de manifiesto que las transacciones para adquirir este tipo de software, ya sea a través de medios financieros convencionales o alternativos, está sujeta a un riguroso control.
Las fuentes enfatizan que “este tipo de transacciones...no podrían efectuarse sin la auditoria y verificación correspondiente”. Por tanto, la operación, si se hubiera intentado, habría debido seguir un protocolo estricto para su validez, confirmando el compromiso de Colombia con la legalidad y transparencia en sus operaciones de inteligencia.
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