Las imágenes compartidas por el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, al igual que varios medios de comunicación como La FM, muestran cómo varias gestoras de convivencia de la alcaldía de Bogotá, fueron agredidas y atacadas con llamas en la Plaza de Bolívar.
Los enfrentamientos se dieron durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cuando varias manifestantes fueron dispersadas en el momento en que llegó la Undmo (antes conocido como el Esmad), con gases lacrimógenos, suceso que provocó diferentes reacciones en su momento.
Por otro lado, recientemente La FM dio a conocer unas imágenes en las que una de las asistentes a la marcha lanzó fuego en contra de dos gestoras de convivencia, información a la cual reaccionó el senador Jota Pe Hernández en su cuenta de X diciendo que él es testigo de ese momento.
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En la publicación, el congresista Hernández relató su experiencia durante el plantón en la plaza de Bolívar, señalando que estuvo presente todo el tiempo, y que observó los acontecimientos desde la terraza del congreso, junto a su equipo de seguridad.
Hernández aseguró que cuenta con material audiovisual de lo ocurrido y expresó su disposición a servir como testigo en caso de ser necesario por parte de los integrantes de la policía (Undmo). Destacó haber presenciado el momento en que algunos manifestantes prendieron el fuego que se ve en las imágenes antes mencionadas.
Sobre el material que comentó anterior mente el senador hizo otra publicación en la que dijo: “VIDEOS GRABADOS POR LAS MISMAS MANIFESTANTES! Se observa cómo les desean la muerte, los tratan de asesinos, violadores, los empujan, le lanzan fuego. A la gestora de convivencia que intenta mediar, le lanzan fuego mientras le gritan que no proteja asesinos y violadores”.
Desde que dichas imágenes circularon por las redes sociales han causado controversia, porque para algunos testigos la reacción de la Fuerza Pública se dio después de que las manifestaciones se tornaron violentas. Sin embargo otras posturas, como la del presidente Gustavo Petro, señalan que el diálogo debería ser la primera opción antes de cualquier disolución.
Sobre esta declaración del presidente Petro y las imágenes del fuego lanzado contra las gestoras de convivencia, la senadora María Fernanda Cabal reaccionó: “Mientras Petro y su Ministro de Defensa persiguen a la Policía, la evidencia es contundente. Los integrantes de (UNDMO) reaccionaron ante el ataque con fuego en su contra. ¿Qué pretenden Petro y Velásquez, que se dejen quemar vivos estos hombres de la policía?”.
En la posición contraria, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza respondió a las palabras del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán sobre la situación que se dio durante las manifestaciones del 8 de marzo, hechos los cuales la congresista calificó como “hostigamiento y brutalidad” por parte de la Fuerza Pública en contra de las manifestantes.
“Alcalde, lo mejor sería asumir su responsabilidad política por el hostigamiento y brutalidad del Esmad con la marcha del 8M. Yo estaba ahí, con niñas, mujeres embarazadas y mayores. Con pocos caminos de salida y sin luz. Eso es violencia policial”, dijo la representante a la Cámara Pedraza por medio de su cuenta de X.
En cuanto a las palabras del alcalde capitalino sobre lo ocurrido comentó que: “En el marco de lo sucedido ayer, al final de la conmemoración del #8M, invitó a las organizaciones y colectivos de mujeres a que revisemos todas las actuaciones de ayer y que nos sentemos a dialogar y a establecer rutas que nos lleven a garantizar manifestaciones pacíficas, proteger los derechos de quienes se manifiestan y quienes no, y cuidar los bienes públicos y privados”.
En cuanto al senador Jota Pe Hernández, él ya había hecho otra mención a las protestas del Día de la Mujer en su cuenta de X, argumentando que la reivindicación de derechos no justifica el incumplimiento de deberes ni la comisión de actos vandálicos contra la propiedad. Subrayó que tales acciones constituyen delitos y, como tal, los gobernantes deberían aplicar de manera estricta el artículo 265 del código penal, que prevé sanciones de prisión y multa para los infractores. Hernández enfatizó que la autoridad y el mantenimiento del orden deben ir más allá de ser meras consignas discursivas.