Lo que revela el documento de extradición de Salvatore Mancuso firmado por Álvaro Uribe

El regreso de Salvatore Mancuso a Colombia reabrió la discusión de la extradición de los jefes paramilitares tras el acuerdo de Santa Fe de Ralito. Ahora fue revelado un documento de casi una década que sustentaría la versión del ahora gestor de paz sobre la decisión de Álvaro Uribe de enviarlo a los Estados Unidos.

En sus primeras declaraciones ante los jueces de Justicia y Paz para definir su situación jurídica en Colombia, Mancuso Gómez reiteró haber cumplido con los compromisos de ese sistema transicional, por lo que su extradición a los Estados Unidos fue injustificada, según dijo.

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“Me extraditaron sin ninguna justificación, existe una carta, una respuesta a un derecho de petición que le envié al presidente Uribe donde le pregunto por qué me extraditó, si acaso había incumplido los acuerdos, delinquido después de la desmovilización y contestó a ese derecho de petición que él no me extraditó porque yo hubiese delinquido sino porque era un acto discrecional de él como presidente” dijo el exparamilitar, según citó El País.

Ese documento sería clave en medio de la definición jurídica de Mancuso y sería determinante en medio de la historia de la extradición masiva de los altos mandos de las Autodefensas Unidas de Colombia, pocos años después de la desmovilización bajo el Gobierno del presidente Álvaro Uribe.

La respuesta que alegó Mancuso Gómez al derecho de petición fue revelada por Cambio. Esta está fechada el 27 de abril de 2010, es decir poco antes de que terminara el Gobierno, y firmada por el viceministro de Justicia Miguel Ceballos, también consejero para la Estabilización durante la administración de Iván Duque.

Lo que ha llamado la atención de la respuesta que recibió el excomandante del Bloque Catatumbo, cuando ya se encontraba en los Estados Unidos, son los últimos párrafos de las seis páginas en las que se describió todo el proceso de solicitud y entrega de Mancuso a la justicia de ese país.

“El pronunciamiento sobre la solicitud de su extradición, subordinada al cumplimiento de unas condiciones cuya valoración quedó reservada al Presidente de la República y finalmente, la orden de su entrega en extradición, correspondió a una decisión eminentemente discrecional”, se lee en la respuesta del Ministerio del Interior a Mancuso.

Estados Unidos había solicitado la extradición de ‘Mono Mancuso’, como era su alias dentro de las AUC, desde septiembre de 2002 cuando la embajada norteamericana radicó la nota verbal solicitando su captura, debido a que tenía acusaciones de narcotráfico en ese país. En ese momento se encontraban en la fase exploratorio, a pocas semanas de firmar el acuerdo de Santa Fe de Ralito.

La embajada radicó la solicitud formal de extradición en abril de 2004 y Mancuso fue reconocido como uno de los representantes de las AUC en la negociación en diciembre. Por ese rol, se consideró que su presencia en el país era necesaria, por lo cual se suspendieron a su vez las órdenes de captura.

En ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia conceptuó favorablemente la extradición de Mancuso, por lo que el presidente Uribe Vélez condicionó su envío a Estados Unidos a que cumpliera cabalmente los compromisos de Justicia y Paz. La evaluación de ese cumplimiento la hacía el mandatario; por tanto, la decisión quedaba en sus manos.

Mancuso fue postulado a Justicia y Paz en 2006 y extraditado dos años después cuando Álvaro Uribe firmó la resolución de entrega a EE. UU. El exjefe paramilitar se sintió traicionado porque en su concepto había cumplido con las condiciones para pagar su condena en el país.

Uribe Vélez, tanto entonces como ahora, señala que tomó la decisión porque Mancuso y los otros 12 paramilitares habían vuelto a delinquir. Pero en la respuesta que recibió el exparamilitar, señala que no había necesidad de probar ningún delito adicional.

“No se observa que en el texto de la Resolución Ejecutiva por medio de la cual se ordenó la entrega, se haya hecho mención a que el fundamento de la decisión hubiese obedecido al hecho de que la persona requerida continuó delinquiendo y por ende tampoco hace referencia a una sentencia de condena”, se lee en la respuesta firmada por Ceballos.

Agrega que: “Por tratarse entonces de una decisión discrecional, adoptada legalmente, no es exigible que se pida motivación adicional a la ya consignada en las decisiones del Gobierno Nacional, siendo claro que si en la valoración que se hizo se considero en su momento le decisión, que había incumplimiento respecto de las condiciones que había impuesto al subordinar estaba facultado para, en ejercicio de esa discrecionalidad que le otorga la ley, hacer efectiva la extradición”.