En el Concejo de Bogotá se radicó proyecto para construir una megacárcel en la ciudad

Con más del doble de personas detenidas de lo que estas instalaciones pueden albergar, el sistema se encuentra al borde del colapso, poniendo en riesgo la seguridad pública. Esta sobrepoblación no solo compromete los estándares mínimos de dignidad humana para los reclusos, sino que también dificulta el adecuado cumplimiento de la ley y la administración de la justicia.

Actualmente, 2.999 individuos se encuentran recluidos en estaciones de policía y en las Uri, superando en un 144% la capacidad designada. En medio de la alarmante crisis de seguridad que azota a la ciudad, el concejal Julián Uscátegui del Centro Democrático presentó el viernes 1 de marzo un proyecto de acuerdo para abordar el preocupante hacinamiento en estas.

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El proyecto de Uscátegui insta a la administración distrital a tomar medidas inmediatas, proponiendo la construcción de una nueva megacárcel con capacidad para 3.000 personas privadas de la libertad. Esta iniciativa, que podría materializarse a través de alianzas público-privadas, busca descongestionar los actuales centros de detención transitoria y garantizar la custodia adecuada de los delincuentes.

Con esto, parece que en el 2024 iniciaría la construcción de la segunda cárcel distrital porque no solo es una propuesta del Concejo de Bogotá, sino que se encuentra en el borrador del Plan Distrital de Desarrollo. Cabe anotar que en junio de 2023, el Inpec informó al distrito que cedería un terreno cerca de la cárcel La Picota para la construcción de esas instalaciones.

Las estadísticas revelan que las tres localidades más afectadas por el hacinamiento son Usaquén (740%), Kennedy (590%) Y Bosa (503%), donde las estaciones de Policía enfrentan un exceso de demanda sin precedentes.

“El hacinamiento carcelario en Bogotá es alarmante. No solo compromete la seguridad de la ciudad, sino que también afecta la eficacia de nuestro sistema judicial”, expresó Uscátegui. “Es fundamental tomar medidas urgentes para abordar esta crisis y garantizar un sistema de justicia efectivo y humano”, completó el cabildante.

Así afecta el hacinamiento de reclusos la seguridad de Bogotá

Según explicó Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Pontificia Universidad Javeriana, el exceso de población en condiciones precarias dificulta la supervisión de estas personas en las instalaciones y contribuye al fortalecimiento de grupos criminales. Así, es más fácil que las personas detenidas planeen motines y se den a la fuga.

Además, esta situación compromete los derechos de los presos por diversas razones. En primer lugar, el hacinamiento vulnera su dignidad al confinarlos en espacios reducidos y poco ventilados, propensos a problemas sanitarios.

De hecho, organizaciones como Amnistía Internacional y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han alertado sobre los riesgos para la salud física y mental de los reclusos, quienes están más expuestos a enfermedades contagiosas debido a la cercanía. Además, el estrés y la ansiedad asociados con estas condiciones pueden agravar su salud mental.

Esta situación a menudo constituye una violación de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluido el derecho a no ser sometido a tortura o trato cruel, inhumano o degradante, según lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Expertos coinciden en que el hacinamiento en las prisiones es un problema complejo que se debe a la sobrepoblación, la falta de inversión en infraestructura penitenciaria y problemas sistémicos en el sistema de justicia y en la estructura social.

Detalles del proyecto acuerdo radicado en el Concejo

La iniciativa presentada por el concejal también contempla la implementación de un plan progresivo de deshacinamiento, así como programas preventivos destinados a abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo.

Esto, a su vez, permitiría que más policías se desplieguen en las calles, pues no tendrían que agruparse en tantas Uris diferentes para poder mantener la seguridad y control en esos centros transitorios.

“Es imperativo que nuestros recursos policiales se utilicen de manera efectiva para proteger a los ciudadanos”, agregó Uscátegui. “Con un nuevo centro de detención transitoria, podemos reasignar adecuadamente a nuestros agentes para enfrentar los desafíos de seguridad en las calles de Bogotá”.