Senadora del Pacto Histórico denunció a la procuradora Margarita Cabello por presunta corrupción

La congresista Esmeralda Hernández radicó como anexos más de 20 pruebas documentales

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La preocupación de la procuradora General, Margarita Cabello | crédito Camila Díaz/Colprensa
La preocupación de la procuradora General, Margarita Cabello | crédito Camila Díaz/Colprensa

La senadora Esmeralda Hernández llevó a cabo el lunes 26 de febrero una acción legal ante la Corte Suprema de Justicia, acusando a la procuradora Margarita Cabello de presuntos actos de corrupción, de acuerdo con información conocida por la emisora colombiana W Radio.

La congresista del Pacto Histórico presentó más de 20 pruebas documentales recopiladas durante su labor de control político como evidencia adjunta en contra de un presunto acto de corrupción por parte de la procuradora Margarita Cabello.

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Según Hernández, la jefa del Ministerio Público habría otorgado contratos lucrativos a individuos de su círculo cercano, sin seguir el proceso de concurso de méritos.

“La Procuraduría dice que no tiene recursos para llevar a cabo concursos de méritos, pero gasta más de 2 mil millones en ‘contratos corbata’ para amigos de la procuradora como su abogada personal, el exprocurador Edgardo Maya y el yerno del exprocurador Alejandro Ordóñez”, afirmó la congresista, citada por la W Radio.

En la lista de beneficiados también figuran procuradores delegados con presuntos vínculos políticos, como el caso de Oneida Pinto, el fallecido senador Mario Castaño y los Barreto en el departamento del Tolima.

Además, la senadora denuncia posibles sobrecostos y otras irregularidades en los contratos otorgados a la Empresa de Recursos Tecnológicos (ERT), con supuestas violaciones a las leyes de contratación pública. “En el pasado, se destinaban como máximo 5 mil millones para servicios tecnológicos a través de procesos de selección pública, pero durante el mandato de Margarita Cabello, se otorgaron a dedo 48 mil millones a la ERT”.

Y añadió “Este contratista, que previamente estuvo implicado en escándalos similares, incrementó los contratos hasta en un 50% y subcontrató el 90% del trabajo asignado, a pesar de que se argumentó que era el único con la capacidad integral para llevar a cabo el contrato, lo cual resultó ser falso. Esto constituye corrupción y es vergonzoso para el país, especialmente viniendo de la entidad encargada de velar por el cumplimiento de la ley”.

Finalmente, la miembro de la coalición de Gobierno solicita que se investiguen omisiones en la labor de indagar casos de corrupción como Odebrecht, la ñeñepolítica, la masacre de El Tandil y la presunta vinculación de la familia Char al proceso de Aida Merlano.

Procuraduría rechazó la recusación presentada por Leyva

La Procuraduría desestimó la objeción presentada por la defensa del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, contra Ernesto Espinosa, el procurador encargado de la investigación disciplinaria en su contra por irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes.

La objeción planteaba una supuesta hostilidad significativa por parte del funcionario judicial hacia el Gobierno nacional, basada en declaraciones previas del procurador adjunto en sus redes sociales.

Espinosa rechazó la objeción durante el juicio disciplinario el 15 de febrero, pero la procuradora Margarita Cabello, como máxima autoridad de la entidad, debía resolver el recurso para continuar con la diligencia.

La resolución de Cabello llegó el viernes 23 de febrero, denegando la objeción por falta de pruebas contundentes.

El documento que desestimó la objeción afirmó: “El procurador adjunto Ernesto Jesús Espinosa Forero es un ciudadano colombiano con derechos fundamentales, incluido el de opinar y expresarse libremente”.

Cabello concluyó que los argumentos de la defensa para la objeción eran insuficientes e infundados, ya que las opiniones anteriores de Espinosa no estaban relacionadas con el caso en cuestión ni hacían referencia a las acciones del ministro sometidas a juicio disciplinario.

La procuradora afirmó que las declaraciones previas de Espinosa no abordaban los aspectos clave del caso, como la tipicidad, ilicitud o culpabilidad y, por lo tanto, no afectaban su imparcialidad en el proceso disciplinario contra Leyva.