Luis Gilberto Murillo y la sorprendente decisión con la que se adjudicó contrato a Thomas Greg & Sons

En medio del escándalo que ha suscitado la decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de declarar insubsistente al secretario General de la Cancillería, José Antonio Salazar, tras la expedición de tres resoluciones con las que entrega el contrato por $599.000 millones a la firma Thomas Greg & Sons, para la impresión y distribución de los pasaportes en Colombia, hay una persona que estaría “pasando de agache” en este escenario.

Se trataría del canciller (e), Luis Gilberto Murillo, que, según se conoció, en este caso tiene un papel preponderante en torno a la polémica que ha suscitado este asunto. Aunque en su defensa el ministro, que llegó al cargo en reemplazo del suspendido Álvaro Leyva Durán, alegó que la determinación del funcionario lo tomó por sorpresa, lo cierto es que habría sido el responsable de que se diera esta circunstancia.

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Hasta el jueves 22 de febrero, Salazar no tenía facultad alguna para proceder en ese sentido, debido a que desde el 13 septiembre de 2023 había perdido la discreción de otorgar la licitación, debido a que dichas funciones fueron asumidas por Leyva: que tomó el control del Fondo Rotatorio de la entidad, le dio el rol de representante legal y, por ende, ordenador del gasto en este traumático proceso, que fue declarado desierto.

Sin embargo, con la resolución ministerial 1344 de 2024, fue Murillo el que le entregó la posibilidad legal al secretario general para tomar decisiones y así lo hizo, el lunes 26 de febrero, cuando se conocieron las resoluciones 1394, 1395 y 1396, firmadas por su despacho, en la que contrariaba lo manifestado por Petro y Leyva. Y que motivó el calificativo de traidor dado por el primer mandatario.

En el numeral 4 de la citada resolución quedó establecido que se delegaba al secretario General de la Cancillería “la dirección de todos los procesos de contratación”; en otras palabras, darle vía libre a Salazar para adjudicar el contrato al único oferente que cumplía con los requisitos definidos en la licitación desierta y, además, había obtenido puntaje perfecto en las observaciones hechas por la propia cartera.

Al día siguiente, el viernes 23 de febrero, se confirmó a través de un escrito emitido por el ministerio la determinación de devolverle la representación del mencionado fondo a Salazar: que llegó a esta dependencia en octubre de 2022, por ser cercano a Leyva. Así quedó estipulado en el enlace Comunicado de prensa sobre el proceso Pasaportes - Licitación Pública 003 de 2023, publicado en la página web.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que en las últimas horas, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, adoptó dos medidas sobre el proceso ‘Pasaportes - Licitación Pública 003 de 2023′”, se leyó en el inicio del breve pronunciamiento, en el que se ratificaban las disposiciones relacionadas con este caso, que llevó al Estado a afrontar una demanda por $117.000 millones por parte de Thomas Greg & Sons.

La primera de ellas, fue reasignar en Salazar, “la competencia para dirigir el proceso licitatorio sobre pasaportes, así como los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y en general, todos los actos relacionados con el mismo”. Mientras que la segunda, fue la de “suspender la apertura del proceso licitatorio para su revisión, así como la de más de 550 observaciones realizadas a los prepliegos por parte de 19 interesados”.

Esta última determinación fue entendida como el paso inicial para que Salazar, apenas tres días después, diera aval a la adjudicación del millonario contrato. “Las decisiones adoptadas no afectan la prestación del servicio de expedición de pasaportes, que se seguirá brindando normalmente a la ciudadanía”, recalcó la Cancillería en su pronunciamiento, que generó una dura reacción de presidente.

Lejos de acercarse a los mandatos del jefe de Estado, el funcionario se ratificó en su determinación y fue preciso en reiterar que actuó conforme a la ley. Aunque eso le hubiera costado el cargo, como ocurrió con la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, que renunció el 5 diciembre de 2023.

“Si es el resultado de cumplir estrictamente con la Constitución y la ley, me voy feliz. Después de hacer un estudio minucioso del tema de las normas constitucionales y de contratación estatal, encontré que no era viable mantener en vigencia la decisión del canciller Leyva”, manifestó el saliente funcionario en diálogo con Noticias Caracol, con el que se defendió de las duras acusaciones de Petro.