Procuraduría investigará al director del Fondo Nacional de Estupefacientes por irregularidades en su posesión

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria en contra de David Curtidor Argüello, que actualmente ocupa el cargo de director general del Fondo Nacional de Estupefacientes. La razón de esta investigación es que Argüello presuntamente no cumplió con los requisitos indispensables para acceder a dicho cargo.

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Específicamente, se señala que el puesto demanda contar con 76 meses de experiencia profesional, requisito que Argüello no cumple, ya que solo ha podido demostrar 56 meses de experiencia. Para intentar justificar el tiempo de experiencia faltante, aparentemente presentó una certificación emitida por su hijo, lo cual ha levantado sospechas sobre la validez y veracidad de sus credenciales.

Además, se ha levantado una preocupación en torno a un potencial conflicto de intereses no declarado por Curtidor Argüello. Este asunto tiene relación con su involucramiento en la empresa COCA NASA, de la cual es fundador y accionista. Dicha empresa se dedica a la producción, distribución y venta de productos derivados de la coca, lo que podría presentar un conflicto directo con las responsabilidades que conlleva ser el director general del Fondo Nacional de Estupefacientes, entidad encargada de regular y controlar sustancias como la coca.

La Procuraduría ha procedido a solicitar y realizar la recopilación de pruebas que permitan esclarecer si las acciones de Curtidor Argüello configuran faltas disciplinarias, es decir, infracciones a las normas y deberes de su cargo. Asimismo, se busca determinar si existen circunstancias que podrían eximirlo de responsabilidad en este contexto. Este proceso busca asegurar la integridad y transparencia en el ejercicio de cargos públicos, especialmente en aquellos que tienen un impacto significativo en el control y manejo de sustancias estupefacientes en el país.

La designación de David Curtidor Argüello como director del Fondo Nacional de Estupefacientes generó controversia desde un principio. Por ejemplo el gremio científico, mediante un comunicado de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) y algunas de sus asociaciones afiliadas, expresaron su malestar por el nombramiento de Curtidor.

La principal preocupación radicaba en que podría no cumplir con los requisitos de formación académica y experiencia exigidos para el cargo, elementos considerados cruciales para garantizar un ejercicio técnico y competente en la gestión de medicamentos controlados y el abastecimiento en el país.

Así mismo, resaltaron en esa ocasión que sus vínculos empresariales con la producción de bebidas a base de hoja de coca han sido señalados como posibles conflictos de interés.

Procuraduría abrió investigación contra exfuncionaria por presuntos actos de corrupción

La Procuraduría General inició una investigación contra Sharon Dayana Guzmán González, exsecretaria de Infraestructura Municipal de Ibagué, junto con dos asesoras adscritas al despacho del alcalde, debido a presuntos actos de corrupción relacionados con la contratación de la interventoría de las obras del puente elevado de la carrera 5ª. Se indaga sobre la adjudicación de contratos al Consorcio Conexión Víal 60, aparentemente inhabilitado, y sobre posibles vínculos nepotistas entre el consorcio y altos cargos de la Alcaldía.

“También se investiga si el representante legal del consorcio seleccionado, sería primo del gerente de proyectos especiales de la Alcaldía Municipal de Ibagué, de quien se indica en un el medio local de comunicación que es ‘uno de los hombres más cercanos al exalcalde Andrés Hurtado’”, dijo la entidad.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué centrará sus esfuerzos en recopilar evidencias para esclarecer los hechos y ha mencionado a las investigadas sobre beneficios legales en caso de confesión.

La Procuraduría no impone sanciones penales, sino disciplinarias, que están orientadas a garantizar la correcta conducta de los funcionarios y exfuncionarios públicos. Las sanciones penales serían competencia de la Fiscalía General de la Nación y el sistema judicial.