La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un nuevo paso en el esclarecimiento de las dadas de baja por fuera de la vía judicial, denominadas falsos positivos, que se dieron en varios departamentos del país, entre los años 2002 y 2008.
La W Radio conoció que la Jurisdicción modificó la imputación contra el coronel (r) Fernando Moncayo Guancha, y lo acusó de tener una responsabilidad directa en 44 ejecuciones extrajudiciales y en un intento de asesinato durante su labor como subcomandante del Batallón de Infantería Nro. 26 -Cacique Pigoanza, en Huila.
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La acusación resultó tras haber logrado contacto con Moncayo, quien residiendo en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, ofreció una versión voluntaria virtual a comienzos de este año.
Según se detalló en esta nueva etapa del proceso, se le atribuyó a Moncayo un papel líder en la creación y ocultamiento de un patrón de crímenes a gran escala, aprovechando su rol como exoficial de operaciones del Batallón Cacique Pigoanza.
La Sala de Reconocimiento de la JEP enfatizó en su decisión que existe “base suficiente para entender que su actuación correspondió al ejercicio de un rol de liderazgo frente a la consolidación de los patrones macro criminales”. La acusación se centró en la emisión irregular de misiones tácticas que se utilizaban para “legalizar” los asesinatos cometidos bajo el mando de Moncayo, como se informó en el medio.
“Debido a que, valiéndose de las funciones propias del cargo de oficial de operaciones del Batallón Cacique Pigoanza realizó aportes esenciales para su difusión, su permanencia y su encubrimiento”, resaltó la declaración de la institución judicial.
El testimonio de uno de los soldados
Al mismo tiempo, se conoció que un testimonio clave en este proceso habría sido el del soldado Jesús Mauricio Jiménez, quien indicó el modo de funcionamiento de las órdenes de operaciones. “Siempre lo realizaban en el momento para evitar si de pronto pasaba algún inconveniente. Ya estaba por escrito la orden de operaciones, pero siempre me lo hacían llegar, pero como le digo, prácticamente eso ya se tenía previsto que era lo que se iba a hacer, todo a través de la línea del celular”.
De modo que Moncayo fue acusado de hacer omitir la atención ante las evidentes irregularidades en los informes de las operaciones llevadas a cabo por el Batallón.
Este complejo contexto tuvo que ver con una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales, donde civiles eran presentados como bajas en combate, una maniobra criminal que, según la JEP, era imposible que Moncayo desconociera.
Aquellos actos extrajudiciales efectuados en el Huila se llevaron a cabo en una serie de 21 operaciones cuestionadas por la JEP, a partir de las cuales, el coronel retirado ahora enfrenta cargos por crímenes de lesa humanidad. Como resultado, Moncayo tiene un plazo de 30 días para responder si admite o no su responsabilidad en estos cargos.
Se destaca que ya desde junio de 2022 la JEP había citado a citado a dos exoficiales del Ejército, entre los cuales estaba Moncayo Guancha y el capitán (r) José David Restrepo Solarte, para rendir declaración sobre su supuesta implicación en los casos de falsos positivos.
Este llamado había sido lanzado tras las indagaciones de la Procuraduría en las que se señaló a los dos militares retirados, como presuntamente responsables de estos hechos, a través de un informe de observaciones y la información recopilada en varias audiencias de confesiones, como se informó en el medio periodístico del departamento del Huila, La Nación.
Estas investigaciones en contra de Moncayó estarían enfocadas, fundamentalmente en 44 de las muertes, dentro de un total de 6.402 civiles asesinados en estado de “indefensión”, como afirmó un reporte de la Comisión de la Verdad.