Reforma laboral tiene más puntos malos que buenos: revelan lo que deberán afrontar los trabajadores

El proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro será una de las iniciativas a ser debatidas en el Congreso de la República en las primeras sesiones ordinarias de 2024 de la corporación que tuvieron inicio el 16 de febrero.

Esta, polémica, principalmente, por apostarle más a garantizar los derechos de los trabajadores y no apuntarle a la generación de empleo, sino a promover la informalidad, sería debatida en dicho periodo legislativo tras haber sido aprobada en diciembre de 2023 en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

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La misma, no es muy del agrado de los empresarios del país, ya que generará sobrecostos, debido a la modificación que habrá en las jornadas laborales (la jornada diurna será de 6:00 a. m. a 7:00 p. m. y no de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.), así como los recargos dominicales y de festivos (ya no se pagará el 75%, como en la actualidad, sino el 100%).

Tan es así que un reciente estudio del Banco de la República advirtió que, tal como está el proyecto de ley, si se aprueba, destruirá 450.000 empleos formales.

No obstante, el proyecto de ley tiene cosas buenas, malas y feas. Así lo detalló a Infobae Colombia el abogado corporativo Diego Mauricio Acevedo, profesor en la Pontificia Universidad Javeriana, profesor invitado sobre los programas ofrecidos por las diversas Cámaras de Comercio de Colombia y partner en Holland & Knight.

Para Acevedo, en principio, se debe precisar que la reforma presentada por el Gobierno encuentra un punto de inflexión con relación a la protección actual de personas empleadas mediante una relación laboral y la creación de empleo.

Lo anterior, previendo las normativas del proyecto de ley que, al final del día, son pensadas en alcanzar una “hiperprotección” de quienes tienen un contrato de trabajo, dejando desprovisto las posibilidades de contratación de nuevo personal, por cuanto los costos económicos que le implica a la empresa asumir se elevan de manera exponencial.

En igual sentido, anotó que la reforma se convierte en una fórmula de incentivo para despedir personal, siempre que aumenta el cálculo para determinar la indemnización por despido sin justa causa respecto de aquellos trabajadores que cumplan diez años de trabajo en la compañía.

“Así pues, previendo el incremento de costos que implica la contratación y mantenimiento de personal, es a todas luces evidentes la afectación que la aprobación del proyecto puede representar en la economía y sector productivo del país, dando como resultado un aumento en el porcentaje de desempleo y desaceleración de la actividad productiva”. afirmó.

Ahora bien, dejó claro que no puede dejarse de lado asunto novedoso como es la regulación de modalidades de contratación de ciertos grupos poblacionales como son los deportistas, el sector del agro, entre otros. Previsiones que, en cierta medida, puede terminar incentivando la contratación de este personal en un mediado plazo.

Luego del escándalo generado por el Gobierno de Gustavo Petro tras radicarse de manera “silenciosa” y sin concertar el proyecto de reforma laboral el 24 de agosto del 2023 en la Cámara de Representantes, el Partido Conservador respondió con un proyecto de ley que le hace frente al presentado bajo el liderazgo de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

El del partido, presentado el 5 de septiembre en la corporación, se denomina ‘Por un derecho laboral más incluyente’ y tiene tres ejes: generar de empleo, combatir la informalidad y dar mejores condiciones para trabajadores y empresas. Este documento es muy diferente al del Gobierno nacional, pues, según los conservadores, solo busca proteger los derechos de los trabajadores, destruye empleos y fomenta la informalidad.

Sobre dicho proyecto de ley presentado por el Partido Conservador, el abogado Charles Chapman López, asesor técnico del mismo, aseguró que presentaron esa contrapropuesta porque de manera infortunada el proyecto de reforma del Gobierno nacional no atiende las prioridades del país, especialmente las del mercado laboral, que son los desempleados y los informales.

Chapman López aseguró a Infobae Colombia que es inconcebible que el Gobierno de Gustavo Petro no haya tenido en cuenta la advertencia del Banco de la República, un organismo respetado por los colombianos debido a su criterio técnico, que alertó que el proyecto, en su estado actual, podría destruir más de 450.000 empleos.

“Siendo advertido el Gobierno, este insiste con las mismas normas que el Emisor advirtió de la destrucción de empleos. Además, la ministra Gloria Inés Ramírez aceptó que no genera, sino que destruye, y eso es no atender a los más vulnerables de Colombia en materia laboral”, expresó.

Dejó claro que el texto del conservatismo es totalmente diferente e insistió en que, de manera atinada, observó que en materia laboral el Código Sustantivo del Trabajo (CST) regula nada más la población de los que tienen contrato de trabajo.

Además, Chapman López anotó que como no había normas para los desempleados en el proyecto del Gobierno, en la contrapropuesta se agregó un capítulo especial señalando derechos para los desempleados y los incluye dentro del CST.