Comienza el juicio contra Álvaro Leyva por el escándalo de los pasaportes: el suspendido canciller no asistirá a la audiencia

El suspendido canciller Álvaro Leyva debía asistir a las 10 de la mañana de este jueves 15 de febrero a la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá, al juicio disciplinario en su contra por el lío de la licitación de los pasaportes. No obstante, según informó uno de sus abogados, el funcionario no estará presente, y en su lugar asistirá la defensa.

Durante la diligencia, el procurador encargado leerá el pliego de cargos y le preguntará los representantes si el canciller se declara culpable o inocente de los mismos. En el primer caso, se emitiría la sanción que estime el organismo de control, pero si se declara inocente se daría inicio a la etapa probatoria.

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Entre los cargos a los que se enfrenta el suspendido funcionario hay dos supuestas faltas cometidas en la fallida licitación que había ganado la firma Thomas Greg & Sons y que luego fue declarada desierta por las presuntas irregularidades.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que revisará las determinaciones que el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores habría tomado y las comunicaciones enviadas en representación de la cartera, sabiendo que se lo había apartado del cargo y estaba inhabilitado para ejercer las funciones correspondientes.

Algunas de las preguntas que deberá responder el canciller durante el proceso son:

• ¿Por qué tumbó la licitación que había ganado Thomas Greg & Sons?
• ¿Por qué declaró urgencia manifiesta luego de tumbar la licitación?
• ¿Por qué no escuchó ni acató las recomendaciones de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Adje) ni del Comité de Contratación de la Cancillería de conciliar con la firma para evitar una millonaria demanda al Estado?

La primera falta disciplinaria que habría cometido el canciller es haber declarado desierta la licitación 001 de 2023, sin tener el sustento técnico y jurídico necesario para ello. Y la segunda falta disciplinaria es haber declarado urgencia manifiesta una vez se tumbó la licitación, “sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación”, de acuerdo con la Procuraduría.

El tema llevó a Leyva a tener fuertes diferencias con la exdirectora de la Adje, Martha Lucía Zamora, llegando incluso a proferirle malos tratos, de acuerdo con una denuncia de Daniel Coronell.

Por otra parte, el organismo de control disciplinario mantuvo en firme la decisión que tomó el 24 de enero pasado de suspender al canciller, luego de analizar los hechos, las pruebas y la actuación procesal adelantada por la Sala, así como la revisión del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y los alegatos de la defensa.

Según concluyó el órgano de control, la procuradora Margarita Cabello “no vulneró los derechos y las garantías del disciplinable, en tanto se limitó a anunciar que se formularon cargos, sin que eso implique que se haya afectado la imparcialidad, y confirmar que no se hicieron comentarios o emitieron calificativos sobre el caso específico”.

Aunque Leyva estaba suspendido, alcanzó a firmar 14 decretos antes de acatar la determinación de la Procuraduría y apartarse de su cargo. Una vez conocida la respuesta del organismo, el canciller aceptó la medida a regañadientes y procedió a entutelar al órgano de control.

De acuerdo con la defensa de Leyva, a su defendido se le habrían vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al ejercicio de cargos públicos.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro designó como canciller encargado al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, mediante el Decreto 0150. De tal manera, que asumirá el control de la Cancillería mientras dure la suspensión a Leyva (tres meses, que se pueden prorrogar otros tres), mientras sigue desempeñando sus funciones como diplomático en el país norteamericano.

Igualmente, el Ministerio de Relaciones exteriores ya está adelantando una nueva licitación para encontrar al próximo encargado de emitir los pasaportes colombianos, un documento de vital importancia para el derecho a la movilidad de la ciudadanía.

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República estará acompañando el proceso para vigilarlo. Se le pidió a la Procuraduría que hiciera lo mismo, pero la entidad dijo que no debido a que la ley le prohíbe acompañar esos procesos.