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Los opioides son sustancias que actúan en el sistema nervioso central para mitigar el dolor. Originalmente son recetados para casos crónicos, muchas veces pacientes terminales, de manera estrictamente controlada, debido al alto riesgo de adicción, sobredosis y muerte asociados a su uso inadecuado.
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Durante el 2023 a nivel mundial el fentanilo, uno de los más populares opioides sintéticos, llegó a los titulares de la prensa debido a la problemática generada por su incontrolado consumo en los Estados Unidos por fuera de los casos médicos. Paralelamente, las autoridades colombianas encendieron las alarmas respecto a una desviación de fármacos legales como el fentanilo para potencializar drogas sintéticas ilegales, como el ‘tusi’ o incluso la cocaína, en unos productos que según el Gobierno presentan graves peligros, debido a que muchas veces el consumidor final no conoce con exactitud la composición de lo que le están vendiendo.
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En Colombia, el uso del fentanilo no es un tema novedoso. Según las autoridades, esta sustancia se emplea en conjunto con otros opioides, ya sean naturales o sintéticos, o con fines médicos desde la década de los años 70. Su distribución en el país es legal, siempre y cuando se sigan criterios rigurosos para prevenir que caiga en manos indebidas.
En una entrevista obtenida por el equipo periodístico de Infobae Colombia, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Eduardo Umaña, resaltó las cualidades medicinales de los opioides como el fentanilo, pero también señaló los peligros que puede traer el consumo de estos fármacos cuando se adquieren en el mercado clandestino.
“La industria médica y los hospitales usan opioides diariamente. Es una sustancia que tiene un control médico y tiene ese uso y esa aplicación. Los opioides se usan a diario porque generan unos efectos analgésicos muy importantes para poder efectuar una intervención en salud; el problema y el riesgo en todas las formas de desviación y las formas de utilización de esas sustancias más allá de esa supervisión médica”, indicó a Infobae el viceministro Umaña.
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De acuerdo con el viceministro Umaña, la gran potencia de fármacos legales como el fentanilo, el cual es 100 veces más fuerte que la morfina, ha llamado la atención de estructuras criminales que buscan, entre otras cosas, aumentar el efecto de otros estupefacientes y narcóticos ilegales e incrementar su nivel de adicción. “Al combinarlo con otro tipo de drogas, potencia mucho esas otras drogas y genera una adicción muy fuerte y tiene unos gravísimos riesgos para la salud que pueden terminar incluso con la muerte de los usuarios”.
Al respecto, el jurista experto en contratación pública Jorge Rodríguez, en diálogo con Infobae, aclaró las dudas en relación a cómo operan los entes de justicia y salud en la distribución y comercialización de estos opioides.
Según el abogado, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante el Fondo de Nacional de Estupefacientes, vigila y supervisa estas sustancias de acuerdo con la resolución 1478 del 2006, en la que se describen los requisitos para las actividades de comercialización en relación con los opioides.
De acuerdo con la normativa, los parámetros de manufactura y distribución deberán ajustarse a exigencias en farmacias y entornos médicos; de igual manera, abordan la importación y exportación de estos fármacos, enfatizando en que se deben someter a una estricta vigilancia.
Así mismo establece que los profesionales de la salud y los distribuidores serán responsables de garantizar que estos fármacos lleguen únicamente a los pacientes que realmente los necesiten y en las dosis apropiadas.
“La regulación de la distribución y dispensación de medicamentos se rige por el marco normativo establecido en el artículo 16 de la resolución 1478 del 2006. Este marco impone condiciones y requisitos para personas naturales y jurídicas que deseen distribuir o dispensar estos medicamentos. Por ejemplo, las farmacias y droguerías deben contar con una solicitud firmada por el representante legal o apoderado, ajustando un debido poder. Los medicamentos sujetos a fiscalización están estrictamente regulados a nivel mundial y en Latinoamérica, lo que implica que entidades públicas, como hospitales, deben respaldar su actividad con un acto administrativo de creación”, explicó el abogado Rodríguez a Infobae Colombia.
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El fentanilo está disponible de manera legal en el territorio nacional y sometido a un riguroso proceso de supervisión en las entidades de salud y control que busca garantizar que este analgésico se destine exclusivamente a los pacientes que realmente lo necesitan. Este sistema preventivo evita que el opioide pueda llegar a consumidores adictos o productores ilegales de estupefacientes.
Sin embargo, el viceministro Umaña reconoce que las autoridades han decomisado ampolletas de fentanilo que se distribuyen de manea ilegal, por lo cual insiste en que en el país se presenta una desviación de estas sustancias desde el mercado lícito hacia el ilícito, por lo cual, asegura que el problema debe ser enfrentado desde el control del proceso de manejo de estos fármacos en los canales legales para evitar que se conviertan en un factor de riesgo.
“Los usos de los analgésicos tienen un control sanitario y un control de salud que tiene unos requisitos que no son solamente relacionados con la prescripción médica sino también con el uso y el destino; tienen una serie de requisitos que están regulados por las resoluciones de salud”, aseguró el viceministro Umaña.
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Los requisitos de distribución que se verifican anualmente dan indicios del seguimiento que intentan dar las autoridades para no caer en irregularidades a la hora de la venta y adquisición de los opioides.
De acuerdo con el jurista consultado, no solo el Ministerio de Salud y Protección Social está involucrado en la prevención de la distribución irregular de estupefacientes, desde diversas entidades de seguridad y control se han intensificado los esfuerzos mediante un sistema de alertas y bajo la coordinación del observatorio de drogas. Esta estrategia de lucha contra la comercialización ilegal y distribución indebida de fármacos forma parte de un enfoque preventivo que abarca todos los niveles del Estado.
“En Colombia, la experiencia en el manejo y control de drogas, tanto legales como ilícitas, ha llevado al país a desarrollar avances significativos en este ámbito. Más allá de la corrección de posibles faltas o delitos, se ha puesto un fuerte énfasis en la prevención. La resolución 01 del 15 de enero de 2016, emitida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, establece el Sistema de alertas tempranas, el cual, basado en un observatorio de drogas, proporciona evaluaciones oportunas que permiten identificar riesgos integrales para la prevención”.
El viceministro de Justicia puso como ejemplo una estrategia llevada a cabo en algunos centros hospitalarios de Medellín y los municipios de Valle de Aburrá, donde la estricta vigilancia respecto al consumo de los opioides está presente.
“Se ha logrado concretar que los centros de salud hagan un seguimiento especial para casos sospechosos de consumo de fentanilo, donde se hace no solamente una vigilancia pasillo, esperando que las personas reporten ese consumo, sino una vigilancia activa, a partir de una serie de indicadores para poder procesar esa información, porque la detección de sustancias requiere también unas habilidades de laboratorio forenses y no se puede hacer de cualquier forma”.
Respecto a las infracciones relacionadas con la distribución irregular de opioides. Esta normativa clasifica las faltas en el sector salud y la prescripción médica en categorías de leves, graves y muy graves, según la afectación a la salud pública, los beneficios económicos ilícitos, la intencionalidad del acto, el nivel de perturbación al sistema de salud y la reincidencia.
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En cuanto a los criterios utilizados para determinar la gravedad de la conducta de un miembro del personal médico al formular y distribuir fentanilo u otro opioide, el abogado consultado por Infobae indicó que se establecen pautas específicas para determinar si la infracción merece alguna sanción.
“Estos criterios determinan el nivel de la falta y, en consecuencia, si la sanción debe someterse a revisión médica, implicando la posible pérdida de la licencia profesional, o si debe elevarse a un ámbito penal, como en casos relacionados con narcotráfico. Es importante destacar que los médicos no necesariamente están involucrados directamente en narcotráfico, pero pueden cometer errores que levanten sospechas por parte de las autoridades. En Colombia, aún no se ha registrado un caso específico de concierto para delinquir en relación con drogas como el fentanilo”.
De acuerdo con las fuentes consultadas para este reportaje, es de vital importancia la educación, tanto en el aspecto médico como jurídico, para no caer en desinformación y saber cómo se consiguen de manera legal estos medicamentos, en caso de necesitarlos. De igual forma, en el ámbito de salud debe haber un mayor conocimiento para así prevenir a los adictos y próximos consumidores irregulares de opioides a los riesgos que podrían traer las drogas en un corto y largo plazo.
“Debemos hacer un especial énfasis en la población joven. Recientemente, el Ministerio de Justicia y del Derecho publicó su informe de consumo en población escolar, entre el séptimo grado y once grado de bachillerato, que nos muestra ya indicadores importantes en la materia. Colombia debe seguir desarrollando trazabilidad de levantamiento de datos y de análisis, para establecer alertas tempranas y así tener una habilidad de prevención, pero también de diagnóstico y de adopción de las medidas concretas”, afirmó Umaña al equipo periodístico de Infobae.
Tanto el viceministro de Justicia como el jurista consultado llegaron a la conclusión de que el mercado negro de fentanilo puede estar siendo alimentado por ‘desviación’ en algunos de los canales de envió al territorio nacional; resaltaron la importancia de una orientación pedagógica respecto a los efectos negativos que podrían generar los opioides en la vida de los adictos y consumidores irregulares.
El viceministro insistió en que se debe evitar a toda costa que las personas consuman fentanilo, debido a que es altamente adictivo y destacó que en algunas regiones del país, como en Antioquia y el Valle del Cauca, las entidades de salud han comenzado a hacer un protocolo de seguimiento a casos concretos donde hay sospecha de consumo irregular de opioides con el fin de el Gobierno pueda brindarle apoyo a los consumidores.
“Hay que tomárselo en serio y hay que ver cómo logramos que el consumo de fentanilo no aumente o que haya suficiente información, prevención de daños y seguridad para que quien definitivamente ha decidido consumirlo, pueda tener el auxilio del Estado para salvarle su vida”, afirmó en días pasados el propio ministro de Justicia, Néstor Osuna.
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