El abogado penalista Diego Henao ha compartido su postura jurídica en relación con el proceso legal que enfrenta Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro y exdiputado del Atlántico. Henao, que asumió la defensa de Petro Burgos, aclaró en entrevista con El Tiempo que no ha contemplado buscar beneficios en la Fiscalía General de la Nación para su cliente, como preacuerdos o principios de oportunidad.
Sin embargo, resaltó que en caso de que el fiscal a cargo del caso, Mario Burgos, le presente un preacuerdo, analizará la propuesta. Sin embargo, dijo que no veía que esta fuera una posibilidad con probabilidades altas de que ocurra.
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La estrategia legal de Henao fue expuesta durante una rueda de prensa el pasado 4 de diciembre, cuando afirmó que, en caso de que el ente acusador planteara alguna negociación, preferiría que la mostraran antes de considerarla.
Esta información contrasta con las hipótesis que habían surgido sobre que su abogado no descartaba la posibilidad de buscar colaboración con la justicia en el curso del proceso legal. De hecho el mismo Henao mencionó a los medios: “Yo nunca he cerrado ninguna puerta, nada (...) el proceso judicial permite todo tipo de herramientas y dentro de lo que la ley nos permite, nosotros nos tenemos que regir”.
El proceso judicial de Nicolás Petro Burgos continúa, y las declaraciones de su abogado muestran la estrategia de defensa que han planteado. El 11 de enero de 2024 a las 10 de la mañana será la audiencia de acusación, programada por el Juzgado 2 Especializado de Barranquilla. Esta continuará el día siguiente, 12 de enero, a las 9 de la mañana.
Mientras que Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, ya había solicitado a la Fiscalía un principio de oportunidad con el fin de convertirse en un testigo clave, colaborar con la justicia y recibir beneficios reflejados en su pena, pues también habría hecho parte de las presuntas acciones ilegales.
Nicolás Petro dijo que la Fiscalía no ha sido leal
Por su parte, el exdiputado dijo ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que tiene la intención de declarar en contra del fiscal, alegando una presunta violación de sus garantías procesales. “Mi defensa hará uso de todos los recursos nacionales e internacionales que permita la ley para demostrar que todo lo actuado es ilegal por violación de mis garantías judiciales”, declaró Petro Burgos.
El hijo del presidente Gustavo Petro argumenta que su detención el 19 de julio de 2023 y su posterior traslado a Bogotá, así como permanecer detenido más de una semana en el búnker durante las audiencias preliminares, fueron innecesarios. “Un juez de garantías me concedió la libertad al considerar que no había motivo para mi detención”, declaró el exdiputado.
Finalmente, Nicolás Petro agregó que “el fiscal y la Fiscalía no han sido leales con mi derecho a la defensa que, en buena hora, ha protegido la Corte Suprema a resolver el debate jurídico sobre competencia territorial, advirtiendo que mis abogados defensores no pueden ser amenazados con sanciones por la Fiscalía cuando cumplen su trabajo profesional”.
Day Vásquez no tardó en reaccionar ante las declaraciones de Nicolás Petro. La expareja de Petro dijo que su expareja siempre tuvo condiciones de detención favorables. “No hubo presiones de ningún tipo. Comida a la carta, llamadas ilimitadas y visitas muchas veces durante todo el día. Siempre tuvo incluso un trato mejor que el mío. Sean serios. Cobardes”, expresó en una publicación en su cuenta de X.
Las tensiones entre el fiscal Burgos y el hijo de Petro, Nicolás
Aunque han ocurrido varios acontecimientos que han puesto de manifiesto las tensiones entre el acusado y el fiscal, lo cierto es que la más reciente y notoria sucedió cuando los abogados del hijo del presidente Gustavo Petro solicitaron el traslado del proceso a Bogotá, una petición que fue rechazada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría.
El fiscal Burgos argumentó que la solicitud de la defensa constituía una maniobra dilatoria y expresó en la audiencia que este tipo de petición se habría presentado incluso si el proceso se hubiera radicado en Bogotá. “Eso se veía venir, yo creo que es una petición temeraria o de mala fe porque se está haciendo un abuso de los recursos para no continuar con el normal curso de los procesos”, afirmó.