La audiencia de acusación en contra de Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público ya tienen fecha. El juzgado de Barranquilla, que adelanta el proceso en contra del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, agendó la diligencia para el 11 y 12 de enero de 2024.
El exdiputado de Atlántico deberá presentarse ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, que, como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia el 29 de noviembre, será el encargado de continuar con el proceso.
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La decisión del alto tribunal se dio en respuesta a un recurso de impugnación de territorialidad con el que la defensa de Petro Burgos para trasladar el proceso a Bogotá, alegando falta de competencia del juzgado de Barranquilla. Así anunció su decisión la Corte Constitucional, en X:
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En su decisión, la Corte adoptó de forma unánime la ponencia de la magistrada Myriam Ávila de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, en la que encontró méritos suficientes para desestimar la reclamación del abogado Diego Henao, apoderado de Nicolás Petro:
¿En qué va el proceso contra Nicolás Petro?
Luego de su captura, en agosto de 2023, el hijo mayor del presidente Petro entró a negociar una matriz de colaboración con el fiscal Mario Burgos, que no llegó a ningún lado. De estas negociaciones se filtraron algunos apartes del interrogatorio, que tienen a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con la lupa puesta sobre el despacho del fiscal, que ha negado responsabilidad en esa filtración.
También hay que recordar que el proceso en contra de Nicolás Petro Burgos se da luego de que su expareja Day Vásquez denunciara que los dos se quedaron con dineros que habrían intentado aportar a la campaña presidencial de 2022, dos exnarcotraficantes del Caribe colombiano. Producto de esta denuncia, las autoridades pusieron la lupa a las finanzas del hijo mayor del presidente y le abrieron un proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.
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Según las pruebas de la Fiscalía, el exdiputado de Atlántico incrementó injustificadamente su patrimonio en $1.053.911.056, dinero que no pudo probar que haya conseguido “producto de su labor como diputado, y, al no haber reportado, ni encontrado, otra actividad económica, legal y regular que le genere ingresos, ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado, y lo es, porque estos no son el resultado y fruto de su trabajo, sino de los constantes ingresos clandestinos de dinero desde mayo de 2021 hasta finales del año 2022, recibidos en efectivo”. Así se lee en el escrito de acusación, según lo citan en El Espectador.
Además, el 20 de noviembre se conoció que la Fiscalía General de la Nación solicitó que se investigue disciplinariamente al abogado de Petro Burgos, Diego Henao, que a juicio del ente acusador habría incurrido en maniobras dilatorias que entorpecieron la presentación del escrito de acusación, programada inicialmente para el lunes 20 de noviembre de 2023.