Militares y policías en retiro volvieron a criticar la paz de Petro, aseguran que hay “serias falencias” en los procedimientos de los diálogos

Alertaron por el incremento de los secuestros en el país y la falta de claridad en los mecanismos de verificación de los ceses de hostilidades en los procesos de paz que lleva el gobierno Nacional con grupos armados ilegales

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Militares retirados protestan contra reformas del gobierno del presidene Gustavo Petro en la plaza de Bolívar de Bogotá, Colombia, el miércoles 19 de julio de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara)
Militares retirados protestan contra reformas del gobierno del presidene Gustavo Petro en la plaza de Bolívar de Bogotá, Colombia, el miércoles 19 de julio de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara)

En una carta que le enviaron a Otty Patiño, quien fue designado como alto comisionado para Paz de la Presidencia de la República, tras la salida de Diego Rueda, los militares y policías en uso del buen retiro de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore) criticaron nuevamente a la política de paz total del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, que señalaron como la responsable del deterioro de la seguridad en el país.

“Estimamos necesario expresarles nuestra profunda preocupación por gravísimos hechos recientes del ámbito nacional que consideramos dan cuenta de serias falencias en los procedimientos de los diálogos que se adelantan en el marco de la iniciativa del gobierno nacional denominada “paz total” (sic)”, señalaron de entrada en la misiva que publicaron en la noche del lunes 27 de noviembre.

Para los integrantes de esta asociación, entre los que se encuentran miembros de la reserva activa, la forma en que se están llevando estos procesos, además de las consecuencias que tiene para el orden público y el cumplimiento de la función de la Fuerza Pública, es contraproducente hasta para las propias mesas de negociación.

“Paradójicamente, las falencias que nos permitimos referir a continuación están teniendo también impactos negativos no solamente en la evaluación del desempeño del gobierno sino en los mismos diálogos de paz, que se ven afectados por la falta de criterios claramente definidos, públicamente conocidos y por la ausencia de líneas rojas que sirvan de salvaguardas en temas de la mayor sensibilidad, sobre todo los relacionados con derechos fundamentales, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (sic)”, destacaron.

El tema por el que expresaron mayor preocupación fue el incremento de los secuestros en el país que volvió a tener visibilidad luego del plagio y posterior liberación del padre del futbolista Luis Díaz.

“A raíz de este desafortunado “incidente” la nación ha venido a enterarse del lamentable resurgimiento de esta práctica criminal y de la existencia de gran cantidad de colombianos cautivos por parte de organizaciones criminales, sin que se sepa número exacto, sin que se tenga información pública sobre su suerte, sin que cuenten con la fortuna de tener por parte del Estado el mismo trato (sic)”, reprocharon.

El segundo tema por el que señalaron reparos es la forma en qué están llevando a cabo el monitoreo del cumplimiento del cese de hostilidades, que para ellos tampoco es claro cómo ha estado funcionando.

“Se desconocen acciones, resultados de gestiones, informes, balances, reportes abiertos a la opinión pública, etc. La población está bajo la certeza de que estructuras de las organizaciones con las que se han pactado ceses de fuego continúan delinquiendo de forma grave, incumpliendo lo acordado, y bajo la impresión de que los mecanismos de monitoreo y los garantes están haciendo poco o nada (sic)”, explicaron.

En la misiva al presidente Petro y a Otty Patiño, Acore descalificó lo que ocurrió en El Plateado (Cauca), donde fueron expulsados, por la comunidad, los militares del Ejército y se conoció de un aparente acuerdo con la disidencia de las extintas Farc Estado Mayor Central (EMC) y el gobierno Nacional para que los uniformados pudieran brindar seguridad en la jornada electoral del 29 de octubre.

Y criticaron que tampoco sean claras las ordenes a la Fuerza Pública dentro de los procesos, lo que pone en riesgo a los uniformados en cuanto al cumplimiento de su deber constitucional.

“Toda orden o medida que involucre el accionar de la Fuerza Pública y que no sea meridianamente clara, o que pueda incluso resultar contradictoria con otras disposiciones o mandatos legales, pone en claro riesgo jurídico al personal militar y policial y también en grave riesgo físico, como se demostró en el reciente caso El Plateado (sic)”, afirmaron.