Además de las quejas sobre salubridad, que según los familiares de los internos ha afectado la salud en torno a la alimentación que se les brinda a las personas privadas de su libertad al interior de los centros penitenciarios del país, otro factor que ha encendido las alarmas tiene relación con presuntas irregularidades en la adjudicación de un millonario contrato para la prestación del servicio de este servicio.
Las denuncias apuntan a que, aparentemente, durante el proceso de adjudicación se afectó la transparencia de la licitación, ya que, al parecer, se llevaron a cabo “reuniones secretas” con el fin de modificar pliegos y beneficiar a uno de los oferentes.
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De acuerdo con lo informado por Semana, se trataría de una licitación por más de 813.000 millones de pesos, divididos en 17 grupos, de acuerdo a la zona del país y el tipo de cárcel. No obstante, algunos contratistas que participaron en dicha licitación se percataron de una serie de hechos e informaciones que pusieron en duda la transparencia en el proceso.
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Por lo anterior, Esmeralda Echeverry, subdirectora de la organización Cárceles al Desnudo, radicó un derecho de petición a raíz de las presuntas presiones indebidas ejercidas por la Uspec. Asimismo, hizo mención acerca de unos “extraños mensajes” de una funcionaria de la cuestionada entidad, encargada, al parecer, de la millonaria contratación.
Además de las advertencias, la organización adjuntó en la denuncia una serie de documentos que no solo confirman la falta de calidad en el servicio de alimentación que se brinda los privados de la libertad, sino también evidencia sobre las supuestas irregularidades.
Ante la situación, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, señaló en un comunicado que el proceso de licitación 021 del 2023 (Contrato de alimentación para la población privada de la libertad), “cumple con todas las garantías de tiempo, publicación, transparencia y contestación de observaciones, las cuales se han realizado de manera pública, a través de la plataforma Secop II”.
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De igual forma, la entidad explicó que “este proceso se ha caracterizado por su transparencia, muestra de ello es el acompañamiento que ha venido realizando la Procuraduría General de la Nación mediante la figura de vigilancia preventiva”. A su vez, la Uspec dejó en claro que se “ha garantizado la pluralidad de oferentes” y que en la actualidad hay 18 ofertas las cuales se encuentran en evaluación.
ONG Anticorrupción Coraci denuncia diversas irregularidades en la millonaria licitación.
Infobae Colombia tuvo conocimiento de la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de la Nación y Superintendencia de Industria y Comercio la organización Anticorrupción Coraci, con referencia a las posibles irregularidades que ponen en vilo la transparencia del proceso de contratación pública en los centros penitenciarios de Colombia: “tenemos sospechas que están diseñados a la medida de unos pocos”, advierten en su comunicado.
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Por lo anterior, la entidad pide que el director de la Uspec revele por qué no se ha aplicado ninguna sanción o multa a los contratistas que han incumplido con sus obligaciones de distribuir idóneamente la alimentación de la población carcelaria y señalan que, ”al parecer, estamos con una clásica contratación de ‘los mismos con las mismas’”.
“La cercana, amiguismo y coexistencia de negocios entre empresas participantes de estos procesos en otras licitaciones y contratos hace que se limite la condición de oferta y competencia entre los mismos allegados” concluye en su misiva Anticorrupción Coraci.