Con un nuevo proyecto de ley se busca modificar el Código Penal y Disciplinario para incluir condenas en contra de civiles o funcionarios públicos que busquen obstruir procesos de paz. La iniciativa la radicó el senador Iván Cepeda e incluye también agravantes para quienes asesinen a firmantes de acuerdos de desmovilización.
El debate entre amigos y enemigos de los procesos de paz con los grupos armados no termina. Para el senador Cepeda, la resolución pacífica de los conflictos hace parte de la obligatoriedad del Estado para cumplir con el derecho a la paz y los funcionarios que lo impidan deben ser condenados.
Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.
Por eso radicó la iniciativa que busca crear un nuevo delito llamado “obstrucción a la paz”. La conducta delictiva consistiría en obstruir, impedir o restringir la exploración, el inicio o la finalización de los procesos que adelante el Gobierno nacional en su política de paz. Así mismo, quienes obstaculicen la suscripción, implementación o cumplimiento de los acuerdos deberían ser procesados penalmente.
En el proyecto de ley se propone condenar estas conductas con penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multas de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Las penas serán mayores de un 50 a 75 por ciento, de aprobarse el proyecto, si se logra finalmente el cometido de obstruir el proceso de paz, si es cometida por un servidor público que ejerce autoridad, si se emplea un bien del Estado para hacerlo o si como consecuencia se causa la muerte o afectaciones personas a mujeres excombatientes, constructoras de paz, defensora de derechos humanos o lideresas sociales.
En la iniciativa de Cepeda también se busca modificar el Código Disciplinario, que vigila la conducta de los empleados públicos, para que quede claramente prohibido obstaculizar los procesos de paz, desde su fase de exploración hasta su implementación o firma.
“Este proyecto busca que quienes cometen asesinatos de firmantes de paz, quienes a través de mentiras o acciones delictivas intenta frustrar los procesos de paz tengan que afrontar su responsabilidad penal y tiene unas circunstancias agravantes cuando esta conducta es llevada por un servidor público, especialmente aquellos que ejercen funciones de alto nivel en el Estado”, señaló el senador Cepeda.
El congresista, quien hace parte de la mesa de negociación por parte del Gobierno nacional con el ELN, señala que los diferentes procesos de paz que se han adelantado en los últimos años han enfrentado dificultades e incluso ataques que han impedido su implementación.
Uno de los ejemplos, según Cepeda, es el Acuerdo Final firmado con la guerrilla de las Farc en 2016. En el proyecto, el senador señala que ese proceso pasó por interceptaciones ilegales desde funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez en contra de los negociadores, la posterior negativa a entregar el inventario de bienes a la Jurisdicción Especial para la Paz, además de las objeciones presidenciales a la ley de la JEP.
En el mismo sentido, el Gobierno nacional ha insistido en que el acuerdo fue objeto de un “entrampamiento” por cuenta de la Fiscalía de Martínez. La misma JEP presentó una denuncia penal por considerar que se le negaron documentos para tomar la decisión respecto a la captura con fines de extradición de Jesús Santrich que le habrían impedido evaluar el caso. Por ese hecho, el ministro de Relaciones Exteriores solicitó una comisión internacional que investigue de manera independiente lo ocurrido.
No es la primera vez que el senador Cepeda intenta convertir en delito la obstrucción a la paz, ya lo había en 2022 con un proyecto, pero la iniciativa terminó archivada porque no se discutió.