En 2023, se ha registrado un aumento en el número de migrantes que llegan a Colombia para intentar cruzar el Tapón del Darién, luego a Centroamérica y, con ello, continuar un recorrido que tiene como objetivo final establecerse en Estados Unidos en busca del sueño americano.
Esto ha llamado la atención de las autoridades colombianas y de las naciones que hacen parte de la ruta migratoria en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y México, países que se han visto afectados por el constante paso de extranjeros y connacionales, lo que ha generado una crisis ambiental y social en algunos de estos territorios.
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Debido a la atención que ha recibido el Tapón del Darién a nivel nacional e internacional, incluyendo el desmonte de una organización de trata de personas que se encargaba de transportar a extranjeros desde Nariño y el aeropuerto de El Dorado en Bogotá, hasta Necoclí, con casos en los que los criminales suministraban a los migrantes pasaportes y documentación falsa.
En los últimos meses, se ha incrementado el registró de migrantes que intentan salir de Colombia hacia Centroamérica por rutas alternativas al Darién, siendo la isla de San Andrés uno de los lugares en los que se ha agudizado este problema.
Esta problemática fue expuesta por la Procuraduría General de la Nación, que confirmó que en los últimos días han sido rescatados 55 migrantes que fueron abandonados en altamar por personas que les garantizan a los viajeros les ayudaran a trasladarse de manera segura; 16 de estas personas eran menores de edad.
De la misma forma, se informa que entre 2022 y 2023 se han rescatado a más de 1.100 personas en esta región, mientras que 74 migrantes han desaparecido. Por ello, la Procuraduría ha solicitado a la Cancillería, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y demás entidades cumplir con las recomendaciones necesarias para enfrentar la crisis.
Dentro del informe se destaca la participación de estructuras criminales que cumplen la función de Coyotes para engañar a los migrantes que tienen el objetivo de viajar desde San Andrés hasta la costa de Nicaragua. Esta sería una alternativa que ha sido adoptada por extranjeros y connacionales para llegar a Centroamérica y desde allí trasladarse de manera terrestre a los Estados Unidos.
La Procuraduría General de la Nación ya había emitido un mensaje preventivo a las diferentes entidades el 3 de octubre. En este documento se plantearon 30 recomendaciones para mitigar el paso de migrantes y enfrentar la crisis que se registra en el país y se ha extendido en Latinoamérica.
Frente a esto, el procurador delegado para los derechos humanos, Javier Sarmiento, afirmó que este tipo de acciones por parte de los migrantes se deben responder con iniciativas y medidas necesarias por parte de las entidades del país, argumentando que en el afán de llegar a Centroamérica los migrantes están poniendo en peligro su vida.
“Este nuevo episodio demuestra que ni Migración Colombia, ni la OCCRE, están tomando las medidas necesarias; se deben redoblar los esfuerzos con mensajes dirigidos a los migrantes, exponiendo los riesgos a los cuales se enfrentan, así como mejorar el control de ingresos de ciudadanos extranjeros en la isla”, afirmó Sarmiento al respecto.
Por último, la Procuraduría General de la Nación hizo énfasis en la labor del ICBF, pidiendo que se despliegue el personal necesario para atender a los menores de edad que están siendo parte de este tipo de viajes, resaltando que los derechos de los niños están siendo vulnerados en este tipo de comportamientos y deben ser protegidos por el Estado.