Clan del Golfo estaría promoviendo ‘Plan Pistola’ en contra de la Policía, por impedir el movimiento de dinero destinado a la compra de votos

El posible accionar de este grupo delicuencial habría quedado grabado en una interceptación de comunicaciones entre integrantes de la estructura ilegal

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IMAGEN DE REFERENCIA: Arma de fuego |  crédito Colprensa
IMAGEN DE REFERENCIA: Arma de fuego | crédito Colprensa

El crimen ocurrido este viernes 27 de octubre contra el patrullero Éver Luís Pineda Rodríguez, en Planeta Rica, Córdoba, cuando custodiaba una escena de accidente de tránsito, dejó al descubierto un macabro plan del Clan del Golfo, según informaron fuentes de la Policía a la Revista Semana.

Los trabajos de inteligencia que se desarrollaron luego del homicidio del uniformado condujeron a la inteligencia de la Policía a establecer que el Clan del Golfo tiene como propósito, desde esta fecha hasta el próximo domingo, asesinar uniformados, como represalia por el alto volumen de uniformados de la fuerza pública que enviaron a esta región del país, en el marco del plan Democracia.

De acuerdo con el periódico El Tiempo, las autoridades lograron interceptar un audio en el que se escucha a uno de los jefes de esa organización delictiva señalando que se debe atentar contra la Policía Nacional en el Urabá y Córdoba.

“Eso nos toca bajarnos dos o tres policías, tienen que hacerlo ya. Y atentar contra alguna Estación con explosivos, es la única forma de distraerlos”, se escucha en el audio, según El Tiempo.

Fuentes de la institución policial indicaron a la Revista Semana que el Clan del Golfo tendría represados millones de pesos que habrían destinado para la compra de votos, pero, tras la acción de la fuerza pública de ocupar los territorios para garantizar la seguridad y evitar la corrupción electoral, habrían frustrado las acciones de la estructura narcotraficante.

De acuerdo con fuentes de la Revista Semana, se conoció que el director de la Dirección de Investigación Criminal Dijin, el general José Luis Ramírez, viajó a Córdoba con un grupo importante de comandos de las fuerzas especiales para contrarrestar el accionar del Clan del Golfo. Dentro del equipo de especialistas con los que llegará el general Ramírez al sur de Córdoba, se encuentran francotiradores.

Gobierno entregará hasta $20 millones de recompensa por información sobre compra de votos

El domingo 29 de octubre de 2023 se llevarán a cabo las elecciones regionales en toda Colombia, y con el propósito de hacerle frente a los delitos electorales, el Gobierno nacional junto con la Policía anunciaron que se entregarán recompensas económicas a quienes denuncien compra de votos.

El presidente Gustavo Petro informó, en su cuenta en X (antes Twitterque había dado la orden para pagar por la información que le sea suministrada a las autoridades y que permita desmantelar a las organizaciones que se dedican a la corrupción electoral.

He dado autorización para pagar las informaciones efectivas sobre compradores de votos en todo el territorio nacional. Comprar votos es un delito”, indicó el jefe de Estado.

En rueda de prensa, llevada a cabo el miércoles 25 de octubre, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el director General de la Policía Nacional, William René Salamanca, revelaron detalles sobre el Plan Democracia para los comicios regionales.

“Con todas las capacidades de la Policía se enfrentará la posibilidad de constreñimiento al sufragante que se puede generar en algunas regiones del país. La Policía va a estar atenta, con todas sus capacidades, para garantizar que estas sean unas elecciones libres, transparentes y seguras”, afirmó el ministro Iván Velásquez.

El jefe de cartera señaló que se destinará una recompensa de hasta $5 millones para aquellas personas que con su información faciliten labores de identificación y captura de quienes cometan tráfico de votos o corrupción al votante.

De igual manera, el ministro de Defensa señaló que las recompensas para las personas que denuncien viviendas en donde se originen este tipo de delitos será de hasta $20 millones de pesos. “El propósito es que estas elecciones sean, efectivamente, libres y seguras”, aseguró el ministro.