El excomandante del Ejército y de la IV división de esa institución armada, Mario Montoya, compareció el viernes 20 de octubre ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz y negó su responsabilidad en más de 130 asesinatos extrajudiciales.
Los falsos positivos por los que fue acusado el general en retiro fueron cometidos en territorio antioqueño entre los años 2002 y 2003, durante el mandato del entonces presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez.
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A través de un corto memorial entregado por el excomandante del Ejército en una versión libre y espontánea se dejó claro que no tuvo participación alguna en el asesinato de quienes fueron presentados como bajas en combates contra la guerrilla de las Farc, la mayoría de ellos campesinos.
Por su parte, la Sala de Reconocimiento de Verdad acusó al general (r) Montoya de generar presiones sobre sus subalternos para cumplir con las metas de muertes en enfrentamientos contra las Farc con el objetivo de recibir descansos, ascensos, condecoraciones y primas por parte del Estado como recompensa por los buenos resultados y el éxito en la guerra contra la guerrilla.
“Se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar, hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate”, indicó la JEP.
De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, las órdenes de Montoya fueron el detonador del fenómeno de asesinatos extrajudiciales y por las órdenes que impartió se presentaron falsos positivos en, por lo menos, 16 municipios del territorio antioqueño.
En agosto de este año la magistrada de la JEP Catalina Díaz Gómez, que lleva el caso contra Montoya y otros militares, revivió una de las escenas de falsos positivos que protagonizaron las Fuerzas Militares en 2002.
De acuerdo con la magistrada, en una rueda de prensa el Ejército presentó como muertos en combates en el municipio antioqueño de San Rafael a dos niñas y tres jóvenes.
“El general Montoya insistió y presentó los cuerpos de los muchachos personalmente en la rueda de prensa como guerrilleros dados de baja en combate”, indicó Catalina Díaz Gómez.
En ese proceso, reconocieron su responsabilidad por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada los subtenientes en retiro José Alejandro Ramírez Riaño, Edwin Leonardo Toro Ramírez y Diego Germán Guzmán Patiño; los tenientes coroneles retirados Nelson Enrique Carvajal Chisco y Emerson Antonio Castañeda Morales, asó como el soldado Óscar Iván Mayo Marulanda, que se desmovilizó del ELN para incorporarse a las filas del Ejército.
Entre los testimonios en poder de la JEP reposa el del coronel en retiro Julio Novoa, quien dijo: “Al replicar la política de facto implementada por Mario Montoya presionando, instigando e induciendo a los miembros del Bajes (Batallón de Artillería Número 4) para que reportaran bajas a toda costa y ordenando a los distintos niveles de la cadena de mando que no se debían reportar capturas ni retenciones”.
Por su parte, el general en retiro Mario Montoya no solo negó su responsabilidad en los más de 130 falsos positivos que le achacan, sino que también pidió que se declarara nulidad en el proceso, según su abogado defensor, por una indebida formulación inadecuada de la imputación.
Según el litigante del excomandante del Ejército, a su defendido no se le debería imputar la responsabilidad de los asesinatos extrajudiciales como autor porque no se cumplen los presupuestos legales de esas conductas.