El Ministerio de Justicia y Derecho, en conjunto con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la Federación Nacional de Personerías (Fenalper), presentaron el documento Lineamientos mínimos para espacios temporales de reclusión, mediante el cual se pretende brindar una guía para la construcción de centros de reclusión, garantizando los mínimos vitales de los presos.
En los últimos meses ha tomado fuerza la idea de construir cárceles que respalden los derechos humanos. Más aun, con las críticas que el presidente Gustavo Petro le ha hecho al gobierno de Nayib Bukele, de El Salvador, donde se han construido megacárceles que, incluso, han sido comparadas con centros de concentración.
Este documento presentado por el Gobierno pretende aplicar una normativa que permita proporcionarles unos mínimos a los reclusos privados temporalmente de su libertad, apegándose a lo dictado por la misma ley.
“Dicho documento tiene como objetivo compilar la jurisprudencia y la normativa aplicable a los bienes y servicios que deben proporcionarse a las personas privadas de la libertad en espacios temporales, conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional en el marco de la extensión del Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario del país”, se explicó desde el Ministerio de Justicia.
Por su parte, Camilo Umaña Hernández, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, argumentó que la idea esencial de este proyecto es hacer cumplir la ley a cabalidad, pero brindando condiciones humanas y dignas, tal como lo describe el Estado Social de Derecho, que independiente de las condiciones del ciudadano, debe ser atendido en igualdad de condiciones.
Así mismo, Umaña aseguró que el hacinamiento no es el único problema de las cárceles, sino el manejo de los derechos dentro de las cárceles, con ausencias en factores de salud y dignidad para la posterior resocialización de las personas que está vinculada con la ilegalidad.
“Queremos dar un vuelco a lo que se entiende como Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema carcelario de nuestro país, el cual se ha venido extendiendo en el tiempo. El compromiso es que podamos tener una forma de privación de la libertad que sea humana, digna y correspondiente a un Estado Social de Derecho. El deber del Estado es poder encontrar una salida a este problema que no solo se manifiesta en temas de hacinamiento, sino también de salud, visitas y dignidad mínima de resocialización para las personas que, se presume, han cometido algún delito”, añadió el viceministro.
Basándose en los proyectos adelantados en los últimos años, el viceministro Umaña explicó que se le realizará una importante propuesta al Congreso de la República, para que por medio de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) se brinda la alimentación de 17 mil reos.
Así mismo, los beneficios serían para las mujeres quienes podrían adelantar servicios comunitarios en caso de infringir mínimamente la ley. “Por ejemplo, con la Ley de Utilidad Pública, en vez de estar privadas de la libertad, mujeres que han cometido delitos menores podrán ejecutar servicios comunitarios. Es un gana-gana social”, añadió Umaña.
Dejando sobre la mesa la teoría de que el tema carcelario en el país es “deshumanizante”, el viceministro aseguró que debía llevarse a cabo una unión interinstitucional para así dar respuesta las problemáticas que se viven en este contexto.