Colectivos y congresistas han denunciado la proposición en contra de la entrada en vigencia del impuesto saludable, por considerar que se trata de un intento por sabotear la iniciativa. Además, sostienen que habría conflictos de intereses por parte de representantes que recibieron financiación de las empresas de la industria que terminaría afectada.
La proposición fue radicada por los congresistas Hugo Archila, del Partido Liberal; Ingrid Sogamoso, conservador; Hernán Cadavid y Andrés Forero, del Centro Democrático; y Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, durante el debate del Presupuesto General de la Nación para el 2024.
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Los congresistas aseguran que el propósito de la proposición que radicaron es impedir que los productos que consumen los hogares aumenten, en medio de los indicadores negativos de inflación. Además, aseguran que este impuesto también podría causar afectaciones a las tiendas de barrio.
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Para el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), una de las organizaciones promotoras del impuesto, el objetivo de la propuesta de los congresistas es retrasar la entrada en vigencia del impuesto a las bebidas azucaradas para proteger los intereses de las empresas de gaseosas.
“Estos congresistas son conscientes de su impedimento para legislar sobre asuntos que afectan a sus financiadores, sin embargo, usan una proposición para evitar que la regulación pueda implementarse a finales de este año”, aseguró Reinaldo Villalba, abogado del Cajar y vocero de la campaña Dulce Veneno, que busca evitar la interferencia de grandes corporaciones en las medidas de salud pública o el llamado lobby.
El colectivo señaló que Arbeláez, por ejemplo, recibió 70 millones de pesos de la empresas de gaseosas Postobón para financiación a su campaña en el 2022, según el aplicativo Cuentas Claras. La congresista ha dicho en ocasiones anteriores, como cuando se discutió el impuesto en la reforma tributaria, que los aportes habían sido hechos a su partido por lo que, supuestamente, no la comprometían como congresista.
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En el caso del representante Forero, de acuerdo a Cajar, aparecen aportes de más de 15 millones de pesos a su campaña por parte de la empresa Riopaila Castilla, por lo que para los abogados del colectivo podría tener un conflicto de interés respecto a la industria azucarera.
El impuesto fue aprobado en la reforma tributaria que presentó el Gobierno nacional una vez se posesionó. Tras aprobar el gravamen se dejó un año para su implementación hasta noviembre de 2023, en el que empezaría el incremento gradual hasta alcanzar en 2025 el 20%.
Sin embargo, la propuesta de los congresistas busca modificar el inicio del impuesto hasta el 2026, cuando debería tenerse ya implementado el gravamen. Además, también establece condiciones para su implementación como que solo entrará en vigencia “cuando la variación anual año corrido del IPC general a julio sea igual o menor al 8%”.
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“Hacemos un llamado claro y urgente al Congreso de nuestro país para que rechace categóricamente este nuevo intento de interferir con la implementación de los impuestos saludables. Es imperativo que se permita su entrada en vigencia sin más dilaciones, garantizando así la protección de la salud de nuestros ciudadanos y la construcción de un futuro más saludable para todos”, finalizó Villalba.
La representante Katherine Miranda, quien anunció la proposición que circulaba en la Cámara de Representantes durante la discusión del presupuesto en las comisiones económicas conjuntas, sostuvo que “se les había dado un año de gabela y hoy ya están hablando de 2026″. Sostuvo que según el Ministerio de Hacienda, se calcula que para el 2024 ese impuesto generaría 2,8 billones de recaudo, mientras que en 2025 ascendería la cifra a 3 billones. Es decir que si se retrasa el inicio del gravamen el Estado dejaría de percibir hasta 6 billones de pesos de impuestos.