El 13 de septiembre las comisiones económicas del Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron en primer debate el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2024. Este tiene un monto de $502,6 billones, representa el 29,6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y es 3,3% superior al PIB de 2023 (26,3% del PIB).
Del mismo, una parte importante es para el servicio de la deuda, mientras que un rubro cercano a los $300 billones será para funcionamiento y el restante estará para inversión y cumplir con los propósitos del programa del Gobierno de Gustavo Petro.
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En dicho primer debate hubo fuertes cuestionamientos por la adición que se solicitó de $10 billones, así como el papel que tendrá la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para recaudar $15 billones a través del arbitraje, ya que normalmente estos litigios los soluciona la entidad por la vía judicial, en lo cual cada uno puede demorar ocho años, pero que ahora se quiere solucionar por medio de un este mecanismo, lo que sería más demorado.
Al respecto, Infobae Colombia consultó al docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, Juan Nicolás Garzón, quien aclaró si es viable o no aumentar el presupuesto, así como el funcionamiento de la Dian.
Dijo que en principio es viable, en la medida en que recordó que el Ministerio de Hacienda es el encargado de diseñar, presentar o preparar el Presupuesto General de la Nación que se llevó al Legislativo.
Presupuesto no es una caja del Gobierno
De igual manera, mostró preocupación porque el acceso a los recursos no está garantizado. Sobre esto, dejó claro que el presupuesto no es una caja en la que el Gobierno tenga la plata guardada y que vaya sacándola a lo largo del año para ir gastándola.
Depende, especialmente, del recaudo y este de los ingresos que tenga el Estado que son, particularmente, los ingresos por vía del recaudo tributario.
Así las cosas, dijo que lo que se debe tener presente es que el aumento del monto, si queda aprobado en el Congreso de la República, el Gobierno tendrá que mostrar en ese escenario de qué manera va a financiar esos gastos.
Ante esto, enfatizó en que esto termina siendo como un equilibrio delicado, porque el Gobierno puede proyectar el aumento de unos recursos por vía de que se mejore el aumento de los impuestos, de que mejore la lucha contra la evasión, lo que puede ser una fórmula exitosa, pero también depende mucho el recaudo que haga de los ingresos que se reporten por cuenta de que haya actividad económica, inversión y crecimiento, lo que en ese sentido es fundamental.
Otro elemento importante que expuso Garzón en esta ecuación es lo que pasa con la deuda. Anotó que en ese contexto es importante, porque lo requerido en estos casos es que el Gobierno, dado que no puede tener recursos propios para financiar estos gastos, pueda recurrir a ella y eso no es un asunto, simplemente, de voluntad, como en el caso de los impuestos.
Impuestos saludables
En cuanto al recaudo de los impuestos saludables, que entrarían en vigor en noviembre para ser cobrados en bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, dejó claro que no le representarán al Gobierno una diferencia significativa en las finanzas.
Esto, debido a que el recaudo en Colombia está concentrado en dos impuestos fundamentales: renta e Impuesto al Valor Agregado (IVA). De hecho, precisó que la mayor parte de renta, entre personas naturales y jurídicas, es la segunda. Además, se tiene el desempeño de Ecopetrol y las exportaciones petroleras como fundamentales en la financiación del Estado.