En medio de las investigaciones adelantadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el general (r) Mario Montoya por ‘falsos positivos’ cometidos por hombres bajo su mando en la IV Brigada del Ejército, se conocieron nuevas pruebas que no solo lo involucran más con estos crímenes, sino con narcotraficantes de los que habría recibido dinero.
La Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía tendía en su poder seis cuadernos que también revelarían los nexos que tuvo Montoya Uribe con paramilitares en Antioquia. El caso, que no es nuevo (data de febrero de 2014), fue mencionado por el periodista Yohir Akerman en su columna de opinión El general de los narcos.
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En esa fecha, según el texto publicado en Cambio, el exparamilitar Adolfo Guevara Castillo, alias 101, sostuvo una entrevista con el periodista Gonzalo Guillén en la que aseguró que el exgeneral recibía dinero proveniente del narcotráfico y que ejecutaba operaciones contra civiles para atender intereses de estructuras paraestatales.
En marzo de ese año, el ente de control abrió una noticia criminal para indagar sobre la declaración de 101, desmovilizado del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y quien refirió “al general del Ejército Mario Montoya como la persona que ordenó falsos positivos en que recibió colaboración de alias Felipe y Camilo”.
El caso fue asignado al investigador criminalístico séptimo, quien después de las labores de indagación, entregó 32 folios a la coordinadora de la sección de análisis criminal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y al coordinador de la Unidad Nacional contra el Terrorismo de la Fiscalía, con sede en Bogotá.
El reporte, referido también en la columna, reseñó que Montoya Uribe fue mencionado por Juan Carlos Tuso Sierra, quien reveló que Mario Montoya hizo parte de la estructura criminal La oficina de Envigado y recibía dinero “para que informara sobre las operaciones que se iban a realizar en su contra”.
En esa línea, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, sostuvo que el general (r) había recibido 1.500 millones de pesos del Bloque Centauros de las AUC con el fin de que las Fuerzas Militares apoyaran la ofensiva perpetrada entre 2003 y 2004 contra las Autodefensas Campesinas de Casanare.
En su versión precisó que Montoya recibió de parte de Yesid Nieto, esmeraldero y narcotraficante que también apoyó a los paramilitares, un apartamento avaluado entre 400 y 800 millones de pesos. “En su momento, estas declaraciones, como las otras, fueron ignoradas judicialmente”, expresó Akerman en la columna.
En otro de los folios aparece la versión de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, y la alianza de unidades al mando de Montoya Uribe con actores criminales en el desarrollo de la Operación Orión (16 y 17 de octubre de 2002).
También hizo referencia a otros apartes del contenido de los cuadernos, como las versiones aportadas por tres coroneles de la Brigada XVII (procesados por la masacre de Apartadó perpetrada en 2005) ubicada en el municipio Carepa (Antioquia), zona priorizada por la JEP para el estudio de casos de cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto.
A lo reseñado en los cuadernos se suma una conversación de un integrante anónimo del Ejército con el narcoganadero José Guillermo Ñeñe Hernández en la que este último habló sobre la relación que tenía por el compareciente ante el tribunal de justicia transicional.
En días pasados, el coronel (r) Luis Fernando Borja lo salpicó a él por los crímenes extrajudiciales cometidos en Antioquia. “(...) Mi general Montoya sí es responsable, pero de ahí para abajo todos también lo somos, todos los generales de la época también somos responsables y pues la justicia tiene que llegar hasta allá. Ojalá la JEP también llegue hasta allá”, sostuvo el militar retirado.
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