El 8 de septiembre del año en curso, el fiscal general de Colombia Francisco Barbosa presidió el Encuentro de Fiscalías Especializadas en la Investigación y Persecución del Trafico licito de Migrantes y Trata de Personas, en el desarrollo de la problemática de migración en la región. El evento tuvo lugar en Ciudad de Panamá (Panamá), donde Barbosa entregó un balance de las acciones que se adelantan en Colombia para combatir la migración ilegal.
De acuerdo con la Fiscalía colombiana, desde 2020 han sido imputadas 468 personas por tráfico de migrantes en Colombia y 242 recibieron medidas privativas de la libertad por ese delito. El fiscal general colombiano agregó que a la fecha hay 1.243 personas indiciadas por ese delito y se han dado 649 capturas, así como 241 bienes identificados que se usan para el tráfico de inmigrantes en el país.
“Debemos ser incisivos como ministerios públicos en seguir en nuestra tarea de persecución de esas actividades criminales, a través de la destrucción de los flujos financieros, pero al mismo tiempo, a través de la construcción, de la configuración de equipos conjuntos de investigación, que son el resultado del trabajo articulado de nuestros puntos de contacto y fiscales especializados para avanzar en esas dinámicas procesales de manera rápida”, sostuvo Francisco Barbosa.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.
El fiscal colombiano insistió en la importancia de la cooperación judicial transnacional para combatir esa problemática social y la necesidad de fortalecer la coordinación con el objetivo de garantizar la atención, protección y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los migrantes.
De acuerdo con Barboza, la problemática migratoria en la selva del Darién no debe verse como un fenómeno criminal, sino abordarse desde el enfoque social y económico de personas que buscan un mejor futuro, situación que es aprovechada por los criminales para lucrarse.
“Yo estoy hasta el final de mi mandato enviando la señal de que es necesario que más allá de las discusiones ideológicas, más allá de los discursos etéreos, que no sirven, para nada, aterrice más y logremos controlar y ver qué vamos a hacer con más de 350 mil personas que están pasando en este momento al frente de las narices de todas las autoridades, sin que nosotros podamos entre todos ponernos de acuerdo para ver cómo lo vamos a resolver”, sostuvo Francisco Barbosa.
En el encuentro se reveló que existen estructuras internacionales que no solo se dedican al tráfico ilegal de migrantes, sino que también ponen en práctica conductas delictivas como la corrupción de autoridades migratorias; trata de personas con fines esclavistas y explotación sexual, principalmente de mujeres; violación de múltiples derechos humanos; tráfico de sustancias alucinógenas.
“La gente piensa en el gran narcotráfico, que muchas veces es en donde hay interdicción en el mar Caribe. También hay un narcotráfico de pasos en el que se usa lo que llamaban ‘los muleros’, personas que pasan con 25, 30, 50 kilos de clorhidrato de cocaína encima”, dijo el fiscal colombiano.
Según Barbosa se pudo evidenciar el paso de personas hasta diez veces por las fronteras terrestres con la fachada de ser migrantes, pero que en realidad son instrumentalizadas por las redes del narcotráfico, que las obligan trabajar para ellos llevando cocaína y demás sustancias alucinógenas consigo.
Durante el encuentro celebrado Panamá, intervino el procurador general de ese país, Javier Caraballo Salazar; los representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Centroamérica y el Caribe, fiscales especializados en la investigación y persecución del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Argentina, República Dominicana, Canadá, Chile y Perú.