El sostenimiento de las EPS en Colombia sigue siendo un tema de gran preocupación para los colombianos, después de la carta que llegó al Gobierno nacional sobre un posible cese de operaciones a partir del mes de septiembre en tres de las más importantes entidades promotoras de salud del país.
En las últimas horas, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el gremio que reúne a 11 EPS del país, se pronunció y confirmó que la crisis financiera es generalizada e incluye a todos los prestadores de salud.
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“Todas las EPS están viendo un impacto fuerte y un detrimento sostenido en sus números. Hay una posición gremial más allá de la comunicación firmada por tres EPS. Pero también hay mucho ánimo dialogante que encontramos en las mesas que abrió el ministro. Estamos preocupados, pero con ánimo de encontrar soluciones”, señaló la funcionaria en entrevista con El Colombiano.
Aunque Vesga resaltó el cumplimiento por parte del Gobierno nacional en el pago de compromisos, la presidenta atribuyó el problema financiero de las entidades promotoras a momentos neurálgicos para la salud colombiana, como lo fue el caso de la pandemia por el covid-19 entre 2020 y 2022, o la tecnologización de en los procedimientos y terapias, que han aumentado el costo de atención por paciente.
“El problema no es de oportunidad. El ministro dice la verdad sobre el pago anticipado y cumplido. El problema es de suficiencia. Se ha acentuado desde 2019 con una variación dramática en 2022. De cada $100 que a una EPS le están entregando, gasta $102 o $103. Esos 2 o 3 pesos impactan su patrimonio y ese es el llamado” indicó Vesga.
La ampliación del Plan de Beneficios de Salud (BPS) en 2021, que incluyó al menos 900 medicamentos y unos 600 procedimientos sin que se hicieran los ajustes pertinentes, también estaría creando una demanda de usuarios más elevada, lo que exige a las EPS redistribuir sus dineros para atender al total de sus afiliados.
Para Acemi, los costos adicionales que han tenido que asumir por paciente son los que han descapitalizado a las EPS y de ahí que su preocupación haya llegado hasta el despacho del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, con un documento que amenazaba con una posible parálisis en la atención. De hecho, según comentó la presidenta del gremio, actualmente las entidades promotoras de salud suman pérdidas por 5.6 billones de pesos, y un detrimento patrimonial de al menos 2.3 billones.
Esta crisis financiera estaría afectando al 99% de las EPS del país, por lo que aseguran es prioritario para el Gobierno nacional reevaluar los aportes entregados a las prestadoras de salud, que permita al mantener el sistema en el tiempo.
“Si los recursos no fluyen adecuadamente, no irrigan a la red y a los proveedores. Las EPS están haciendo un esfuerzo gigante por no desatender a sus usuarios, pero se empieza a ver afectado su patrimonio y su liquidez, se aprietan los flujos y los tiempos de pago. Todo eso afecta la prestación y a los usuarios. El llamado de las EPS no es una amenaza a los usuarios, es una advertencia de que el sistema tenga los recursos para asegurar que no haya interrupción” señaló Vega al medio citado.
Ante las afirmaciones del ministro Jaramillo sobre la inexistencia de una crisis financiera en las EPS, Acemi asegura que todo se trata de un desconocimiento por parte del Gobierno nacional sobre el manejo de los dineros en el sector salud, aunque admiten que se están abriendo caminos de diálogo para demostrar la situación real, que conlleve un cambio sustancial en el modelo de financiación.
“Cuando él (el ministro de Salud) dice eso es porque no habíamos tenido la oportunidad, como la iniciamos, de demostrar técnicamente que la UPC no está alcanzando. Una vez terminemos las mesas, el ministro podrá, ojalá, afirmar que sí hay evidencia de que no está alcanzando” concluyó Ana María Vesga, presidenta de Acemi.