Por ineficiencia en la reconstrucción de Mocoa, Contraloría abrió procesos sancionatorios contra director y exdirector de UNGRD

Una avalancha el 31 de marzo de 2017 desencadenó una tragedia en el municipio de Mocoa, Putumayo, la cual dejó más de 330 muertos, 400 heridos y múltiples damnificados y desaparecidos.

Seis años han pasado desde ese día y la Defensoría del Pueblo advirtió que las víctimas aún no han recibido el apoyo del Estado colombiano, y las obras ejecutadas en el marco del plan de reconstrucción del municipio no han culminado.

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Por este motivo, el miércoles 30 de agosto de 2023 el vicecontralor con funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, realizó una visita al Instituto Tecnológico Putumayo en el que anunció la apertura de procesos administrativos sancionatorios contra funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).

Se trata del actual director de la UNGRD, Olmedo López, y su antecesor en este cargo, Javier Pava Sánchez, a quienes se sancionará por no responder reiteradas solicitudes de información del organismo de control sobre el proceso de reconstrucción de Mocoa y obstruir así el ejercicio de control fiscal.

Al hacer este anuncio, Zuluaga calificó a la UNGRD como “un verdadero desastre”.

“Es un desastre porque, además, en la declaratoria de emergencia del Gobierno para atender de manera prioritaria las inversiones complementarias en Mocoa se establecía que las mismas debían alcanzar un valor de $1,6 billones y, a dos meses de que venza el plazo determinado, solamente se han comprometido, ni siquiera ejecutado, $400 mil millones”, explicó el contralor encargado, al instalar una Mesa de Seguimiento a la Reconstrucción de la capital de Putumayo.

Además, el funcionario señaló que, aparte de no dar respuestas, la UNGRD no deja monitorear el avance de las obras y ahora no hizo presencia en esta Mesa de Seguimiento.

“Quiero que sepan los pobladores de Mocoa que estos funcionarios se han creído con privilegios institucionales, al no asistir a las reuniones que solicita la Contraloría”, precisó.

Por estos hechos, la Contraloría está en posibilidad de imponer una multa en un monto desde 1 hasta 150 salarios diarios devengados por los investigados para la época de los hechos. La sanción se puede tasar entre 5 y 10 salarios mínimos mensuales vigentes.

Adicionalmente, el actual director del la UNGRD podría ser suspendido temporalmente del cargo de servidor público hasta por 180 días (6 meses).

Carlos Mario Zuluaga fue enfático en decir que no le temblará la mano para tomar las decisiones que se requieran en este y casos similares y, al mismo tiempo, el director actual y el exdirector de la UNGRD tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, bajo el amparo del debido proceso.

En su estudio de los seis años después de la tragedia, la Defensoría del Pueblo le había hecho un llamado a la UNGRD y al Ministerio de Vivienda, para que, de manera inmediata, adelanten el proceso de la reconstrucción en la ciudad: “se exijan las obligaciones legales y contractuales a contratistas e interventores y se apliquen, por parte de los órganos de control, las respectivas investigaciones a las que haya lugar”.

Para el contralor encargado Carlos Mario Zuluaga, es “inconcebible” que después de 6 años “las cosas están en peores condiciones que cuando ocurrió la avalancha”. De acuerdo con el funcionario, no se han mitigado los riesgos ni se han concluido varios de los proyectos de infraestructura que conforman este Programa de Reconstrucción.

El contralor delegado para el sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía, dijo que un inconveniente que persiste es que la UNGRD tiene cuatro contratos vigentes para las obras de mitigación de riesgos en la parte alta y no se han iniciado las obras desde diciembre de 2020 cuando se contrataron.

Desde febrero de este año, a la fecha, la Contraloría ha llamado a la UNGRD, una y otra vez, sin ninguna respuesta positiva, para que cumpla con los cronogramas aplazados.

La entidad fiscal alertó nuevamente sobre las obras de mitigación, dado que tienen un atraso acumulado de casi 5 años, respecto de la fecha de terminación inicialmente estimada en el Plan de Acción Específico para la reconstrucción de Mocoa.