Fueron 33 los comparecientes del antiguo Bloque Oriental de las Farc que revelaron ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) detalles sobre casos de secuestro perpetrados durante el conflicto armado en más de 10 regiones del país.
Durante la diligencia colectiva, los mandos medios de la extinta guerrilla reconocieron cometer estas prácticas en Vichada, Vaupés, Guainía, Guaviare, Casanare, Bogotá, Cundinamarca, Arauca, Boyacá, así como en la región de Ariari y Duda-Guayabero y los Llanos de Yarí, en Meta. En total, respondieron preguntas de 252 víctimas acreditadas, la Procuraduría y la magistratura sobre estas y otras afectaciones a los derechos humanos.
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La audiencia se realizó durante cuatro semanas, periodo en que el tribunal de paz ahondó en el funcionamiento del Bloque Oriental y la trayectoria insurgente de los comparecientes. Posteriormente, fueron mencionados 172 casos de secuestro que terminaron en hechos de desaparición y desplazamiento forzado y violencia sexual.
También fueron mencionadas las retenciones hechas por la antigua guerrilla en las tomas de Mitú; Uribe, Meta; Miraflores, Guaviare; El Billar y Puerto Rico, Caquetá, todas ellas perpetradas en 1998 y los comparecientes mencionaron el caso del periodista Guillermo Cortés Cano, secuestrado a sus 74 años. “Hubo situaciones inhumanas por nosotros sacar adelante esa negociación”, recordaron los excombatientes.
A la hora de abordar los casos ocurridos en el Yarí y Ariari, Duda-Guayabero, uno de los comparecientes aceptó la comisión de graves afectaciones a las comunidades tras el secuestro de profesores de escuelas rurales.
“Afectamos a la comunidad cuando secuestramos a los docentes. No entendíamos lo que hasta ahora sí entendemos, ellos estaban evitando que los niños fueran al conflicto”, sostuvo en audiencia.
Otros investigados manifestaron que, a causa de esas retenciones, hubo personas que terminaron con serias afectaciones psicológicas y económicas. “(...) Esas situaciones de las familias que, por ejemplo, no pudieron darle una universidad, un estudio a sus hijos porque ese dinero tuvo que entregárselo a las Farc-EP”.
A través de mapas, algunos hechos a mano, los excombatientes aportaron su verdad sobre las afectaciones en el conflicto. Fue así como explicaron también el funcionamiento y ubicación de campamentos de secuestrados, así como las rutas de traslado de quienes estuvieron en cautiverio. En medio de las semanas de audiencia, relataron la forma en que hacían los tránsitos fluviales entre Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés.
Sobre los casos de secuestro, la JEP investigó a fondo los perpetrados contra el general (r) Luis Mendieta, el coronel (r) Raimundo Malagón, el sargento (r) César Augusto Lasso, la candidata vicepresidencial Clara Rojas y su hijo Emmanuel, nacido en cautiverio.
La magistratura de la Sala de Reconocimiento estudió el caso del subintendente Luis Peña Bonilla, secuestrado durante la toma de Mitú y asesinado en 2003 también en cautiverio. En ese sentido, los exguerrilleros reconocieron responsabilidad en la retención de 61 policías. “asumimos de forma colectiva que la decisión no fue liberarlo. La salud mental de Peña fue empeorando, le suministrábamos clonazepam”, relataron ante la magistratura y las víctimas.
La familia del uniformado, cuyo cuerpo aún se encuentra desaparecido, preguntó a los exintegrantes de las Farc cómo fueron sus últimos días de vida, quiénes estaban a cargo de su cuidado y quién dio la orden de asesinarlo; “¿La dieron solo Jorge Briceño y Marulanda, o había alguien más?”, cuestionaron.
En respuesta, uno de los comparecientes sostuvo que cuando él recibió esa unidad, el subintendente se encontraba enfermo. “Incluso, me manifestaron que él tenía un problema psiquiátrico y lo incluí en los listados para que lo liberaran”, añadió.
Las comparecencias de los exFarc serán incluidas por la JEP en el expediente de investigación con el fin de contrastarlas con otras fuentes de información que hacen parte de las pesquisas. Posteriormente, se llevará a cabo una audiencia de observaciones de víctimas en la que se pronunciarán sobre lo declarado por los excombatientes.