Esta es la posición de la SuperSalud tras la polémica desatada por las EPS Sanitas, Sura y Compensar sobre su crisis financiera

El Gobierno se mantiene en que si estas EPS dejan de funcionar el Estado les garantizará la salud a los usuarios afectados por esta medida

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Personal médico atiende a pacientes en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Personal médico atiende a pacientes en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

La Superintendencia de Salud emitió un comunicado en el que se refirió a la situación de las EPS Sanitas, Sura y Compensar, que han sido objeto de críticas por parte de algunos usuarios y autoridades.

El pronunciamiento del ente de control se dio luego de la polémica que se desató por la crisis por la que estaría pasando el sector salud en el país. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, recibió una carta en la cual se alerta sobre los inconvenientes financieros de tres de las EPS más grandes que tiene Colombia que, en caso de no hallarse una solución a esta crisis, podrían tener problemas para operar después del mes de septiembre de 2023.

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Las entidades, que reúnen a más de 13 millones de afiliados, afirmaron que tiene cifras en rojo que ya afectan la prestación de los servicios de salud.

Según la Supersalud, se realiza un seguimiento constante a las EPS del régimen contributivo y subsidiado, y cuando la entidad ha evidenciado incumplimientos en la prestación del servicio, se han impuesto sanciones y medidas preventivas.

De acuerdo con eso, los pagos correspondientes a las deudas que se tienen con estas tres EPS suman en total $1,6 billones, los cuales se distribuyen de la siguientes manera: $870.871 millones, para Sanitas; $568.638 millones, para Sura, y $204.206 millones, para Compensar.

“Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población”, manifestaron en la comunicación las EPS.

Luego de esa carta la Superintendencia de Salud también emitió un comunicado el pasado jueves, 24 de agosto, en el que el superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, indicó que todos los colombianos tienen derecho a exigir una atención en salud digna y que las Entidades Prestadores de Salud tiene el deber de garantizar que la población esté asegurada, de acuerdo con las normas vigentes, mientras estas continúen recibiendo los recursos que el Estado les da.

“Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque el mensaje del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social es claro: Las EPS no pueden desatender a los usuarios y pacientes con la excusa de que no hay recursos porque el Gobierno no tiene deudas pendientes con las EPS frente a Unidad de pago por capitación (UPC)”, resaltó el superintendente.

Así mismo, el funcionario fue enfático en decir que la Superintendencia de Salud hace seguimiento estricto para que se garantice la prestación de los servicios a todos los afiliados. Y también hizo un llamado a que se haga buen uso de los recursos públicos del sistema, para que se pueda hacer efectivo el derecho fundamental a la salud, contemplado en la Constitución.

“Es importante precisar que la inspección y vigilancia de los actores se hace con base en los reportes que estos hacen a la Superintendencia”, dijo el funcionario.

El superintendente también aseguró que se han aumentado las labores de inspección de vigilancia y control, cuyo objetivo principal es el de garantizarle el acceso a sus afiliados al derecho fundamental a la salud.

“No obstante, en este primer año de gestión de esta Superintendencia del cambio, se han intensificado las acciones de inspección, vigilancia y control que propenden por la garantía integral del acceso al derecho fundamental a la salud, así como se han adoptado las medidas pertinentes para proteger del daño a los afiliados por falta de atención y a los recursos públicos destinados para el goce efectivo del derecho a la salud”, resaltó Beltrán López.