La Procuraduría General de la Nación ha expresado su rechazo ante el anuncio de un nuevo paro armado en la región chocoana de Medio San Juan, por parte del grupo armado ilegal ELN. En este contexto, la entidad ha urgido al Gobierno a intervenir de manera inmediata para resguardar a las comunidades afectadas.
El Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, ha lanzado un llamado a las autoridades nacionales para que cumplan con su responsabilidad constitucional de proteger la vida y los derechos de los ciudadanos en medio de esta situación. Asimismo, ha instado a que se analicen las implicaciones de estos paros y acciones armadas en el contexto de las negociaciones que se llevan a cabo con grupos al margen de la ley.
La gravedad de esta coyuntura es alarmante, ya que más de 25.000 familias se encuentran confinadas, sin acceso a elementos esenciales como alimentación, salud y educación. Ante esta crítica situación, la Procuraduría hace un enérgico llamado a que la población civil no continúe siendo la víctima de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, incluso si estos han expresado supuestas intenciones de buscar la paz.
El delegado Sarmiento Olarte enfatizó que tanto el Estado como la sociedad en su conjunto no pueden permitir ni tolerar la perpetuación de estos acontecimientos. El hecho de que grupos armados ilegales anuncien paros armados plantea un dilema serio, ya que estas acciones afectan directamente a la población civil, que queda atrapada en el fuego cruzado y la incertidumbre generada por estos actos violentos.
La Procuraduría ha hecho un llamado claro y contundente a la acción inmediata por parte del Gobierno para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de las comunidades impactadas en Medio San Juan.
ELN desmintió paro armado en Chocó, pero reconoció enfrentamientos con el Clan del Golfo
El 16 de agosto de 2023, la Defensoría del Pueblo denunció un paro armado por el ELN en la subregión Medio San Juan (Chocó). Esta dinámica se habría presentado, de acuerdo con la entidad, en medio de enfrentamientos con el Clan del Golfo, que dejaron a las comunidades de esta zona en riesgo de confinamiento y desplazamiento.
Luego de esta advertencia y del llamado a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el grupo insurgente desmintió la orden de iniciar un nuevo paro que habría sido decretado por el Frente de Guerra Occidental con alta incidencia en el Pacífico.
De acuerdo con lo indicado en un primer momento por Caracol Radio, esta guerrilla sí restringió el transporte fluvial por el río San Juan del 16 al 17 de agosto, debido a los combates presentados con las también conocidas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y, según ellos, no querían afectaciones contra la población que pudiera transitar por este corredor.
A su vez, reafirmaron que el cese al fuego bilateral es con el Gobierno nacional y en esa medida avisaron previamente a los habitantes de esta subregión para resguardarse en sus casas y evitar el transporte de personas y víveres por el río. Después del cruce de disparos en la zona, se levantó ese bloqueo, según lo indicado desde el grupo insurgente.
Sin embargo, ante lo manifestado por la Defensoría, este hecho será informado al Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (Mvmv) debido a que, si bien no se presentó un combate con las Fuerzas Militares o de Policía, sí se habría generado afectaciones a las comunidades del Medio San Juan.
A este incumplimiento se suma el supuesto plan del ELN para atentar contra el fiscal General Francisco Barbosa, el general (r) Eduardo Zapateiro y la senadora María Fernanda Cabal; además de otras seis aparentes violaciones al cese el fuego mencionadas por el comandante de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo.