Por mandato del presidente de la República, Gustavo Petro, los recursos recaudados por el impuesto al carbono, que superan los $26.000 millones, se destinaron proyectos de sustitución de cultivos ilícitos a través del Fondo Colombia en Paz.
El subdirector administrativo y financiero del Fondo, Carlos Hernández, manifestó que de la ejecución de estos recursos que van ligados directamente a la política de la ‘paz total’ planteada por el Gobierno Nacional, se han beneficiado, según cifras del Ejecutivo, más de 3.000 familias.
“La totalidad de recursos recaudados durante el primer trimestre del año por este tributo son $26.651 millones que los destinamos a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, para garantizar proyectos productivos que contribuyan a la implementación del Acuerdo de Paz”, manifestó el funcionario.
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En un diálogo sostenido con la emisora de la Presidencia también indicó que “en su gran mayoría a actividades contractuales que beneficiarán a 3.030 familias campesinas en el componente de ciclo largo, en diferentes zonas rurales del territorio nacional, que hacen parte del Programa Nacional de Sustitución (PNIS)”.
Otra de las razones que dio Hernández para el uso de eso recursos fue que desde esa entidad del Gobierno se tiene por objetivo el uso de los recursos para “la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de estos”.
Y agregó que “se realizó el trámite de actualización de su proyecto de inversión y que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Páramos y la más reciente Reforma Tributaria, son los garantes para la recepción de estos recursos”.
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Finalmente manifestó que el uso de los recursos para sustitución de cultivos ilícitos va ligado a la sostenibilidad ambiental. “Este tema va muy de la mano con temas de sostenibilidad ambiental y, en gran parte, con la línea de acción de proyectos productivos, el impuesto al carbono se cobra a los emisores de CO2 en el país, a través de la Dirección de Impuestos (Dian) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, concluyó el alto funcionario.
Qué dice el borrador de la política antidrogas acerca de los subsidios y tierras a quienes dejen los cultivos de uso ilícito
Una de las apuestas más importantes del Gobierno Petro, es la política antidrogas que será radicada en el Congreso de la República en el próximo mes de agosto. Este documento se titula “De la guerra contra las drogas al cuidado de la vida”, tendrá un cambio de enfoque y traerá entre otros una transformación en cuanto al tratamiento diferencial que se debe tener hacia los cultivadores de hoja de coca los cuales dejarán de ser perseguidos judicialmente y podrán tener tierras que sean provenientes de la extinción de dominio.
En cuanto a la estrategia que se usará para los territorios que estén directamente afectados por el narcotráfico y por las diferentes políticas que se han implementado en Colombia fue incluida por primera vez en la historia del país, la participación directa de las comunidades.
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El Gobierno desde finales de 2022, realizó 26 espacios territoriales en los que se reunió con los cultivadores de hoja de coca, en los departamentos de Putumayo, Norte de Santander (Catatumbo) y el Cauca, en los que se incluyeron algunas propuestas de campesinos, comunidades afros e indígenas, entre otras, con el fin de implementar la política de drogas.
En este borrador se considera la contención de los cultivos. Para lograr esto el Gobierno prevé que los pequeños cultivadores se conviertan en sujetos de especial protección constitucional. Esto significa que aquellas comunidades que se han dedicado a cultivar hoja de coca para que puedan ser propietarias de tierras.
Algunos de esos predios podrían venir de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero la condición es que sean para asociaciones u organizaciones que estén vinculadas con los procesos para dejar los cultivos de uso ilícitos. “Los predios inmersos en procesos de extinción de dominio que se encuentren bajo la administración de la SAE y que tengan vocación agraria, sean entregados a campesinos que decidan abandonar los cultivos de uso ilícito (...) El condicionante de esta propuesta será el desarrollo de esquemas asociativos”, se explica.
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También se contempla entregar un subsidio económico para aquellos que quieran dejar de cultivar. “Esas personas dejarían de cultivar. Entonces, mientras encuentran otra actividad lícita, en otra parte, la oferta del Gobierno es que les otorgará un subsidio económico”, aseguró el ministro de Justicia, Néstor Osuna.