La política de drogas que busca implementar el presidente Gustavo Petro es el punto de discordia entre el Gobierno nacional y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. El jefe del ente investigador protestó en el Consejo Nacional de Estupefacientes con los lineamientos contra el narcotráfico y el proyecto de humanización carcelaria.
Barbosa señala que el documento de la política antidrogas que redactó el Gobierno nacional incluye medidas sociales, ambientales y económicas que buscan cambiar el enfoque prohibicionista. Sostiene que acompaña el enfoque, pero señala que no hay medidas para afectar a las organizaciones del narcotráfico mientras se logra implementar el nuevo diseño.
“El deber constitucional y legal del Estado colombiano es combatir ese fenómeno (tráfico de estupefacientes), mediante una política seria y con lineamientos concretos. Esta propuesta no tiene nada de eso. Son 120 páginas, solo en 3 de las cuales apenas se menciona de manera muy genérica lo que esta política podría contener, sin desarrollar ninguna estrategia, objetivo ni acción de manera específica”, afirmó Barbosa a El Tiempo.
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Esa crítica fue expuesta por el fiscal general ante el Consejo Nacional de Estupefacientes que es el encargado de evaluar las políticas en ese sentido, como un organismo consultivo. Ante el rechazo de la Fiscalía, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que no necesita la aprobación de esa instancia y se implementará la política en agosto, como estaba previsto, tras dos semanas en las que incluirán lo que consideren compatibles.
Esa postura fue calificada por Barbosa como “pura democracia de la imposición”, señaló al diario citado. Según el jefe del ente acusador, también han solicitado para analizar el texto y ponerlo en discusión porque señalan que hay aspectos en los que podría ir en contravía del ordenamiento jurídico por lo que no sería posible implementarlos.
“Si la van a sacar administrativamente yo hoy le digo al Gobierno Nacional y al Ministerio de Justicia que no se demore, que no es necesario aplazar dos semanas para escuchar los argumentos de la Fiscalía, que pasen por encima de la Fiscalía en el tema y saquen el documento que quieran, pero nosotros seguimos aplicando la Constitución y la Ley. Uno para qué pide tiempo si finalmente van a pasar por encima de uno. Es decir, la idea de la democracia que se tiene entonces es la de la imposición y no de la deliberación”, señaló Barbosa a Semana.
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El Gobierno nacional basó su política contra las drogas en la idea de una guerra de 50 años que fracasó. “La evidencia indica que hay que cambiar para no obtener los mismos resultados”, sostuvo el ministro de Justicia en el seminario ‘La consulta previa en el marco de la Paz Total’. El enfoque principal es la transformación territorial.
La política plantea que las personas que deseen desplazarse a territorios dentro de la frontera agrícola puedan establecer proyectos productivos. Esto incluye titular propiedades en otros territorios, implementar medidas que los hagan productivos y sostenibles ecológicamente con el fin de promover las economías lícitas. Así mismo se contempla la regulación de algunos de las plantas que ahora son consideradas ilícitas.
Para el Gobierno nacional, las estrategias en contra de las estructuras del narcotráfico le corresponden al Ministerio de Defensa. Sin embargo, para Barbosa, estos tampoco son concretos y no cobijan los procedimientos judiciales que le corresponden a la Fiscalía General de la Nación.
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El fiscal también tiene críticas en cuanto al proyecto de humanización carcelaria, en el que ya había encontrado coincidencias, pero señala que un nuevo artículo sustituye la política de sometimiento que considera que puede beneficiar a cabecillas de organizaciones criminales porque plantea un principio de oportunidad cuando la acción penal disuada a la persona del goce de derechos constitucionales.