Una jueza penal de conocimiento de Bogotá sentenció a una mujer, identificada como Diana Laverde Ortiz, a tres años y seis meses de prisión por haber participado en el robo de más de $25.000 millones de las cuentas bancarias de dos empresas con sede en Bucaramanga (Santander). Además de eso, tendrá que pagar una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, $58 millones.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Laverde Ortiz aceptó, mediante un preacuerdo, haber allegado a una entidad bancaria documentación fraudulenta, incluyendo poderes y autorizaciones, de los representantes legales de las compañías afectadas, para permitir que un grupo de delincuentes pudiera extraer el dinero. Gracias a los documentos falsos que presentó, los ciberdelincuentes pudieron tener acceso a los tokens de seguridad, por medio de los cuales les fue posible hacer las transacciones virtuales.
Estos hechos ocurrieron entre el 14 y el 15 de septiembre de 2017. La millonaria suma robada fue a parar a un total de 13 cuentas bancarias distintas, entre ellas, la de un cantante de vallenato.
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Por el caso, la juez penal determinó que Laverde Ortiz es responsable de los delitos de acceso abusivo a un sistema informático en concurso heterogéneo y sucesivo, hurto por medios informáticos y falsedad en documento privado.
Según indica la Ley 1273 de 2009, por medio de la cual el bien jurídico “de la protección de la información y de los datos”, el delito de acceso abusivo a un sistema informático se da cuando alguien ingresa a un sistema informático sin autorización de la persona que tiene derecho sobre él, sin importar si este se encuentra protegido o no.
Por su parte, el hurto por medios informáticos y semejantes se presenta cuando alguien supera las medidas de seguridad de un sistema informático y se apodera de un bien ajeno. Y, el delito de falsedad en documento privado ocurre cuando alguien fabrica o adultera un documento que sirve de prueba.
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La pena por estos tres delitos para el caso de Laverde fue establecida teniendo en cuenta el reconocimiento libre y voluntario que hizo de los cargos por los cuales fue acusada.
Cantante de vallenato, a la cárcel por participar en el robo
El músico José Luis Alfonso Carrillo Solano, conocido como Che’ Carrillo, fue capturado en enero de 2021 por presuntamente haber recibido parte de los $25.000 millones hurtados a las empresas en Bucaramanga. La Fiscalía lo señaló de haber recibido transferencias por $260 millones de la suma robada.
Este dinero, al parecer, fue justificado por el cantante como ingresos que recibió por varios conciertos realizados en Ecuador. Sin embargo, esta versión del procesado podría no ser cierta.
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“Los contratos artísticos serían falsos. En algunos documentos figura como contratista un ciudadano colombiano que, de acuerdo con las investigaciones, falleció años antes de que fueran pactadas y pagadas las supuestas presentaciones en el extranjero”, señaló la Fiscalía en un boletín informativo.
De acuerdo con el ente acusador, Carrillo, junto con otras cuatro personas, fueron detenidas y, además, cobijadas con medida de aseguramiento en centro carcelario por decisión del juez 24 Penal del Circuito de Bogotá, mientras se llevan a cabo las investigaciones en su contra y se determina su situación jurídica.
Las demás personas que fueron vinculadas al proceso, además de la ya condenada Diana Laverde Ortiz, son:
- Heverth Humberto Puentes Perdomo, quien habría recibido $1.601 millones en su cuenta bancaria, provenientes de la suma robada a las empresas.
- Elvis Blanco Alfaro, exfuncionario de la Gobernación de Bolívar, quien presuntamente fue beneficiario de transferencias por $311 millones.
- Carlos Alberto Durán Escorcia, a cuyas cuentas bancarias habrían llegado $297 millones.
Los procesados fueron capturados en Bogotá, Cartagena, Valledupar y Chía (Cundinamarca) en diligencias realizadas por la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional.
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En la audiencia de imputación de cargos, las cinco personas fueron imputadas por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, hurto por medios informáticos y semejantes, y uso de documento falso.