Después de un exhaustivo trabajo de investigación policial que involucró interceptaciones telefónicas, fotografías satelitales y otros elementos probatorios, las autoridades lograron la incautación de bienes pertenecientes a al menos 17 empresarios colombianos.
Es importante destacar que estas compañías se encuentran bajo investigación en un caso transnacional que involucra dos procesos legales en Colombia: uno de carácter penal y otro de extinción de dominio, notificado el pasado 18 de mayo.
La confiscación de los bienes, que tuvo lugar en cinco departamentos de Colombia, incluyen barcos, un lujoso edificio en Cartagena, automóviles ostentosos, grandes terrenos, casas de veraneo y otros activos, con un valor total estimado en más de 1,3 billones de pesos.
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El proceso de acusación contra los empresarios está relacionado con los delitos de concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y falsedad en documento privado. Esta investigación fue llevada a cabo por agentes de la Dijín, que descubrieron una operación criminal de gran magnitud que implicaba el robo de petróleo desde los oleoductos.
Investigación en contra de empresarios por extraer petróleo
Todo comenzó con el seguimiento de los misteriosos movimientos de buques petroleros con bandera panameña cargados en puertos de la costa Caribe y con destinos en Singapur, Ámsterdam y otros lugares de Asia y Europa.
Estos barcos transportaban una carga mensual equivalente a un millón de barriles de petróleo colombiano, valorada en cerca de 10 millones de dólares, pero que no aparecía registrada en los registros de exportación.
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Según los investigadores, esta operación ilegal de hurto de petróleo involucraba a más de 20 camiones cisterna con capacidad para 12.000 galones cada uno. Estos camiones se cargaban con petróleo venezolano en diferentes ubicaciones en de este territorio, como Maracaibo, Cabimas y La Raya, para luego ser transportados a Colombia y mezclados con el petróleo obtenido ilegalmente del oleoducto Caño Limón-Coveñas.
De acuerdo con la información recogida por el diario El Tiempo, este esquema afectó significativamente las finanzas de Ecopetrol, que figura como víctima en el proceso junto con Cenit y Swiss Terminal Barranquilla S.A.S.
Para evitar sospechas, los investigados utilizaron el nombre y la estructura de diversas empresas legítimas reconocidas en el sector de transporte, almacenamiento y exportación de crudo. Una de estas empresas es Gunvor Colombia S.A.S., una sucursal de la multinacional Gunvor Group con sede en Ámsterdam, dedicada a los negocios de energía y al comercio, transporte y almacenamiento de productos petrolíferos.
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Esta compañía, representada por el empresario Jaime Alejandro Hoyos Juliao, cuenta con activos registrados por 381.000 millones de pesos, además, le incautaron bienes asociados a Hoyos, como una casa de veraneo en Anapoima adquirida por 801 millones de pesos en octubre de 2021, según información del medio citado.
En el proceso penal, si bien Hoyos no está involucrado, sí lo está Roger Gale Gutiérrez, jefe logístico de la compañía, que fue grabado por las autoridades.
La investigación también reveló la participación de Niman Commerce S.A.S., proveedor de Gunvor Colombia, representada por Hernando Silva Bickenbach, miembro de una reconocida familia colombiana y considerado uno de los principales actores en la compra, venta y recepción de hidrocarburos bajo investigación.
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Otras empresas implicadas en el proceso incluyen Aceicar Ltda., ubicada en Cartagena, que posee un establecimiento comercial valuado en 1.400 millones de pesos, un edificio con 12 apartamentos valorado en aproximadamente 1.240 millones de pesos y 13 camiones. También se menciona a Australian Bunker Suppliers C.I. S.A.S., con activos superiores a 105.594 millones de pesos, y las autoridades incautaron un apartamento en Bocagrande, Cartagena, y tres barcos: Matilda, Blas de Lezo y Marinse I.
Exportécnicas S.A.S., por su parte, posee una camioneta Porsche Cayenne, verde jet, valorada en 260 millones de pesos, así como 24 tractocamiones tipo volquetas y vehículos cisterna, además, le incautaron tres lotes en Tolima y un establecimiento comercial en Ibagué por un valor total de 6.173 millones de pesos.
De acuerdo con las autoridades, estos eventos marcan un hito importante en la lucha contra el contrabando y el robo de petróleo en Colombia, así como en los esfuerzos para combatir el crimen transnacional en el sector energético.
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Las investigaciones y los procesos legales continúan en curso, con el objetivo de llevar a los empresarios involucrados ante la justicia y asegurar el decomiso de los bienes adquiridos de manera ilícita.