Quedó en firme el lunes 10 de julio de 2023 condena de 48 meses (cuatro años) de prisión a Juan José Laverde, por su responsabilidad en el escándalo de corrupción de Centros Poblados, en el que se habrían perdido $70.000 millones como parte del contrato suscrito con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Laverde, que se acogió en mayo de 2023 a un principio de oportunidad ante la Fiscalía General de la Nación, fue sentenciado al ser hallado culpable de falsedad en documento privado y fraude procesal, por parte de la jueza 40 de Conocimiento de Bogotá.
En su decisión, la jueza concedió la libertad condicional durante tres años a uno de los testigos principales de este entramado de corrupción, que salpicó a la hoy exministra de dicha cartera, Karen Abudinen, que afronta un proceso disciplinario y judicial por este caso.
Asimismo, el condenado tendrá que pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir una inhabilidad de 30 meses para ejercer funciones públicas.
¿Por qué es tan importante Juan José Laverde en el caso Centros Poblados?
Según los argumentos de la Fiscalía, la información de Laverde —representante de Rave Agencia de Seguros— fue determinante para que se diera la captura de los contratistas Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, que fueron los que orquestaron el plan con el que se les adjudicó el contrato 1043 de 2020, a través de la Unión Temporal Centros Poblados.
En el caso de Duque, es válido resaltar que era el representante legal de la unión temporal, que en su momento ganó la pelea a firmas reconocidas empresas del sector como la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y Skynet.
Este contrato, por 1,07 billones de pesos, tenía por objeto la instalación del servicio de internet a 7.000 escuelas rurales del país. Luego de presentar garantías bancarias y pólizas falsas, recibieron un anticipo de $70.000 millones, el cual no fue ejecutado, sino que se desvió, de acuerdo con la evidencia, a la estructura criminal de Tapia y Duque.
Como parte del preacuerdo con el ente acusador, Laverde se vio beneficiado de la degradación del delito de fraude procesal, pues pasó de autor a cómplice del mismo, al ser el encargado de obtener las pólizas falsas por parte de la aseguradora Rave.
Por su participación en este hecho, se comprobó el que el hoy condenado aumentó su patrimonio en un total de $186.739.959; los cuales reintegró para ser beneficiado de este trato con la Fiscalía, según confirmó la entidad.
Tras recibir su pena, Laverde empezará a pagar la condena en su residencia: un apartamento de Medellín.
Segundo condenado por el caso Centros Poblados
El 27 septiembre de 2022, se produjo la primera condena por este caso de corrupción. El empresario Jorge Enrique López fue sentenciado a cuatro años de cárcel tras acogerse a un preacuerdo con la Fiscalía, además de ser obligado a pagar $187 millones de multa por su participación en este escándalo.
López también fue sentenciado por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
La responsabilidad de López estuvo en gestionar y modificar, de manera ilegal, un total de tres documentos clave para que se adjudicara el contrato en favor de la Unión Temporal Centros Poblados, y así entrara a las cuentas bancarias el famoso adelanto de los $70.000 millones. Entre ellos la póliza que sirvió de garantía para tal fin.
“Estas garantías se estaban presentando ante el Ministerio de las Tecnologías tanto para la adjudicación del contrato como para el cumplimiento de la misma”, reveló la Fiscalía en este caso.