Los líderes indígenas del resguardo awá Inda Sabaleta, de Tumaco (Nariño), Juan Orlando Moriano, José Carlos García y Jhon Faver Nastacuas, fueron asesinados el 3 de julio de 2022 por grupos armados ilegales que se mueven en el territorio. Un año después de la tragedia de los tres integrantes de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), no hay justicia.
Moriano tenía 35 años y era gobernador suplente del resguardo, exconsejero de Guardia Indígena y autoridad awá. Nastacuas tenía 26 años y García, 29 años, ambos eran guardias escoltas por enfoque diferencial. Fueron asesinados cuando regresaban de una reunión en la que analizaron la situación de derechos humanos que se presentaba en ese momento. En el ataque otros dos integrantes del resguardo y varias personas más resultaron heridas.
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los tres indígenas engrosaron la lista de los más de 1.300 líderes que habían sido asesinados en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz (2016) hasta julio de 2022. Fueron las víctimas número 96, 97 y 98 de ese año, respectivamente.
Ahora, la organización emitió un comunicado en el que conmemoró su memoria. “Juan Orlando, Carlos y Jhon Faver, como líderes de nuestro pueblo, defendieron la vida, el Gobierno Propio y los Derechos Humanos en los diferentes resguardos y comunidades de nuestro territorio. Recordamos que Juan Orlando fue gobernador suplente y exconsejero de la Guardia Indígena y quien, a través de su labor, siempre alegre y comprometido, impulsó varios procesos de formación de la Guardia Indígena; en el marco del consejo de los mayores para un vivir bien”, se lee en la comunicación de la Unipa.
De acuerdo con la Unidad Indígena, luego de un año de la masacre, los familiares de los tres líderes indígenas siguen sin respuestas. Pues, afirman que las investigaciones en torno al caso no han sido efectivas; “no se ha logrado la judicialización de los responsables y la materialización de la justicia para sus familias”, aseguran las autoridades en el comunicado.
Además, denuncian que los habitantes del resguardo Inda Sabaleta siguen enfrentando dificultades para suplir sus necesidades básicas. “A pesar de la verificación realizada por organismos internacionales, no ha existido una intervención integral y estructural por parte de loas entidades nacionales, departamentales y locales”, puntualizó la Unipa.
En esa medida, la organización pidió que se cumplan las exigencias establecidas en la Minga Humanitaria por la Vida y la Dignidad que declararon luego de la masacre.
“Aún se encuentran pendientes de cumplir (...) 1) una reunión urgente con la vicepresidenta Francia Márquez Mina, en el marco del Decreto 1874 de 02022, artículo 13, para que atienda la situación del pueblo awá - Unipa; 2) al senado de la República, la realización de una audiencia pública en el territorio awá- Unipa, presidida por la Comisión de Paz del Senado; y 3) al Ministerio del Interior, para reactivar la Mesa de Concertación para el Pueblo Awá (Mcawa), establecida en el Decreto 1137 de 2010″, puntualizaron las autoridades de la Unidad.
Apenas fue declarada la Minga Humanitaria, desde la organización pidieron un acompañamiento urgente e inmediato por parte de la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Nariño, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, y la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, solicitaron apoyo de organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, de la Cruz Roja Internacional (Cicr) y del Sistema de Naciones Unidas.
Según Indepaz, en el departamento de Nariño hacen presencia los siguientes grupos armados ilegales: el Frente Oliver Sinisterra (FOS), el Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano, Los Contadores y la Columna Móvil Urías Rondón. Sin embargo, todavía no hay responsables en el caso de los tres líderes indígenas asesinados.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo aseguró en una alerta temprana emitida en 2019 que los líderes y lideresas sociales de Nariño se encuentran en riesgo inminente debido al ejercicio de Gobierno Propio que adelantan. Incluye también sus denuncias en contra actividades ilícitas, su participación en procesos de restitución de tierras y la implementación de proyectos de sustitución de cultivos ilícitos.