Sobre las 8:30 de la mañana del martes 4 de julio inició en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la audiencia de observaciones de víctimas y comparecientes sobre la resolución de conclusiones contra el último secretariado de las Farc, cuyos integrantes fueron acusados por este tribunal de cometer delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La diligencia, perteneciente al macrocaso 01 (Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes - secuestro) estuvo centrada en los reclamos de las víctimas ante los aportes de verdad entregados por los exintegrantes de la antigua guerrilla. Entre los reclamos, varios manifestaron la falta de información de personas secuestradas y sobre las cuales sus paraderos son desconocidos.
“El secretariado de las Farc que hoy está siendo imputado no ha dado respuesta a esas demandas de verdad y en especial a las 522 personas que estaban vivas (...) Y no han dado la verdad sobre esos hechos. Preguntamos dónde están esas personas que hasta 2012 estaban vivas y nunca los entregaron”, manifestó Sergio Alzate, uno de los apoderados de las víctimas.
Benjamín Herrera Londoño, víctima de secuestro del frente 48 y cercano al excongresista Diego Turbay Cote (masacrado junto con seis personas más, incluyendo su madre), se refirió a estos hechos y a la responsabilidad que, de acuerdo con su testimonio, tuvo Luis Fernando Almario, otrora político influyente en Caquetá.
Según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y la justicia ordinaria, el también condenado en 2006 por parapolítica se habría aliado con la columna móvil Teófilo Forero para cometer aquella matanza el 29 de diciembre de 2000 en una carretera del departamento. Esa versión fue replicada por Herrera Londoño.
“Este señor Almario, junto con el secretariado de las Farc, el frente 48 y alias Fabián Ramírez, jefe político y militar del Bloque Sur, diseñaron la persecución en contra del suscrito”. Además, denunció una falta de contenido estructural basadas en la ausencia de aportes de Ramírez y solicitó realizar encuentros de justicia restaurativa con los integrantes del secretariado para mencionar crímenes como los perpetrados contra los Cote.
Asimismo, alegó que esos exintegrantes del grupo insurgente no hicieron aportes plenos a la verdad y que, en cambio, ha hecho una “manipulación” de la historia militar y política del conflicto armado; aseguró que Almario “manipula las entidades del Estado” y que no cuenta con medidas plenas de protección ante amenazas y atentados recibidos.
Ante estas y otras exigencias de víctimas y sus apoderados, el magistrado Camilo Suárez Aldana indicó que tanto ese tribunal como las demás instancias de la justicia ordinaria deben investigar a fondo los crímenes cometidos por los ahora comparecientes.
“Colombia tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos en el conflicto (...) Imponer la máxima sanción a estos responsables que efectivamente selecciona la sala”, indicó el togado de la Sección de Reconocimiento de Verdad.
En junio de 2022 Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, integrantes del último secretariado de la guerrilla que suscribió el Acuerdo Final de Paz con el Estado colombiano participaron en un acto público de reconocimiento de secuestro.
Para el tribunal de justicia transicional, las investigaciones arrojaron que las órdenes de retener a civiles no tuvieron distinción de territorios ni estratos socioeconómicos de las víctimas. Sumado a eso, fueron elevadas denuncias de torturas, tratos crueles, desplazamiento forzado y violencia sexual a la hora de cometer esa conducta. Además, los comparecientes fueron imputados por responsabilidad de mando en otros crímenes de lesa humanidad perpetrados por sus subalternos.