
Tal como lo habían anunciado hace un mes, el domingo 2 de julio salieron desplazados de manera forzosa los firmantes del acuerdo de paz entre la extinta guerrilla de las FARC y el estado colombiano que residían en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Georgina Ortiz, que se encontraba en zona rural del municipio Vistahermosa, en el sur del departamento del Meta.
“De la salida esperamos que el gobierno se tome en serio de que nosotros firmamos un acuerdo serio y estamos contribuyendo a la construcción de la paz”, expresó una de las integrantes del ETCR.
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Los excombatientes estaban denunciando desde mediados de mayo que estaban siendo amenazados de muerte en la zona por lo que solicitaron apoyo al Gobierno del presidente, Gustavo Petro, pero no les habían brindado protección, por lo que tuvieron que salir de la zona.
“Nos vamos porque nos están amenazando y nos están matando. A la fecha van dos asesinatos, nueve amenazas directas, el desplazamiento de familias y 223 firmantes de paz, entre ellos 150 núcleos familiares, 25 personas mayores, 104 niños y niñas y 61 personas en condición de discapacidad que saldremos”, denunció en su momento otra de las integrantes del espacio territorial.
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No obstante, ante el llamado, la administración Nacional reconoció que tienen problemas para garantizar que estas personas no sean víctimas de violencia.
“Pese a las circunstancias y lo difícil q nos resulta q por seguridad las y los #FirmantesDePaz del AETCR La Reforma (Giorgina Ortiz) hayan debido trasladarse, desde la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización) dispusimos toda nuestra capacidad logística y de personal en terreno, para acompañar la reubicación temporal (sic)”, indicaron desde la mencionada entidad en su cuenta oficial de Twitter.
Desde esa entidad mencionaron que los excombatientes fueron reubicados en otro punto del departamento, donde 44 de sus funcionarios apoyaron las labores del traslado en el que fueron necesarios 57 vehículos con el que se movilizaron 170 grupos familiares, que conforman 99 mujeres, 214 hombres y 51 niños, niñas y adolescentes.
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“Desde la ARN, en coordinación con otras entidades del orden nacional y municipal, se ubicaron en la zona receptora: 170 carpas, 20 baños portátiles, 2 baterías de baño, 14 duchas, 13 sanitarios, cocina y comedor comunitario, lo cual garantiza de manera temporal, una estancia apta (sic)”, agregaron.
Los excombatientes señalaron que era un duro revés dentro de su proceso de reinserción, pero eran optimistas ante la opción de traslado.
“Se siente triste porque tenemos que salir de donde hemos venido haciendo nuestro proceso de reincorporación, pero guardamos la esperanza y somos optimistas de que vamos atener la oportunidad de irnos para una nuevo espacio donde nos van a dar un nuevo terreno, ojalá nos colaboren con eso (sic)”, señaló otra de las residentes
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Varios de ellos afirmaron que ya se habían acostumbrado a vivir en ese ETCR, pero se mantenían firmes en su proceso de reincorporación.
“Dejar el espacio donde estamos aclimatados y vivimos acá más tranquilos, para irnos a la ciudad es un poco frustrante, pero hay que apostarle. Necesitamos tener esa serenidad de que de aquí a mañana de pronto podemos tener una vida mejor”, dijo otro de los excombatientes.
Finalmente, hacia la medianoche del sábado, la caravana de firmantes del acuerdo de paz arribó al nuevo espacio para continuar contra su proceso de reincorporación.
La situación de violencia, cerrando mayo, estaba desbordada en la zona, como relató otro de sus integrantes: “Estábamos enterrando a un compañero y nos llegó la información del asesinato de otro”.
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Llegaron a amenazarlos con que asesinarían cada día a un miembro del ETCR e incluso llegaron a intimidarlos con nombre propio.
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