“No queremos escuchar más tantos discursos acerca de los proyectos, sino que queremos ver materializadas las obras en nuestros territorios. Queremos que lleguen hasta allá para implementar las obras que realmente son de nuestra necesidad, no las que el Gobierno quiere llevar a nuestro territorio”.
Ese fue el reclamo de Néstor Mercado, autoridad indígena de Apartadó (Antioquia) al Estado para implementar de manera plena los proyectos productivos correspondientes a la implementación del primer punto del Acuerdo Final de Paz: la Reforma Rural Integral –RRI–.
En ese municipio, donde ocurrieron masacres como la de La Chinita (35 muertos en la mayor matanza perpetrada por las extintas Farc en Antioquia) o la de San José de Apartado, en la que integrantes del Ejército se aliaron con paramilitares del Bloque Héroes de Tolová para asesinar a cuatro niños y cuatro adultos, la principal premisa es construir paz desde y para las comunidades, que son conformadas en su mayoría por hijos de las cenizas del conflicto armado.
Tras la firma del Acuerdo Final de Paz con la antigua guerrilla, Apartadó fue seleccionado como uno de los 170 municipios para llevar a cabo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –Pdet– no solo por padecer en mayor medida el conflicto armado interno, sino por contar con terrenos aptos para el desarrollo de proyectos agrícolas y relacionados con el trabajo de la tierra por parte de sus habitantes.
De acuerdo con la Agencia de Renovación del Territorio –ART– este mecanismo contemplado dentro de la RRI cobija a 11 mil veredas de 170 municipios en 19 departamentos del país. Estos cuentan con tres líneas de financiamiento: recursos de inversión asignados a la entidad a través del Ocad-Paz; presupuesto destinado a instituciones territoriales (como alcaldías y gobernaciones) mediante Obras por Impuestos, y los apoyos de cooperación internacional.
Los reclamos de las comunidades
De acuerdo con el director de la entidad, Raúl Delgado, la instrucción del Gobierno nacional es reforzar los proyectos productivos tanto en el municipio como en otros que tienen alta exposición a ataques de grupos armados. “En 10 meses se han aprobado 1.4 billones de pesos en proyectos para municipios Pdet; 18 por el Ocad-Paz por 55 mil millones; 84 de obras por impuestos por 706 mil millones; 412 mil millones de la ART (...) A este paso se demuestra compromiso en medio de las dificultades”, enfatizó el funcionario en declaraciones recogidas por Infobae Colombia desde Apartadó.
Más allá de la gestión realizada y las cifras expuestas, el pedido de las comunidades es uno: que las mesas de diálogo y los proyectos tengan garantías para su cumplimiento. Mirleyi Manco, representante de la mesa de víctimas con enfoque de mujeres de Carepa, sugirió un trabajo articulado entre la institucionalidad y las mesas para paliar los efectos negativos que dejó la violencia en la subregión Urabá.
“Esto en la zona de Urabá se va a sentir porque todos trabajamos de la mano: Carepa, Chigorodó Apartadó... Lo hemos hecho de la mano y con las nuevas mesas lo queremos seguir haciendo”, dijo la lideresa. De paso, hizo un llamado para que se tengan más en cuenta a las comunidades, colectivos de víctimas y organizaciones que lideran proyectos productivos en Apartadó. Esto ante iniciativas perdidas por negar la participación de los actores sociales en los procesos de concertación.
“Muy bonitos todos los proyectos y lo que viene, pero queremos que eso no siga pasando por no tenernos en cuenta. Hoy tenemos Juntas de Acción Comunal que pueden contratar y ejecutar proyectos que otras entidades no. Queremos que haya menos intermediarios y sea más directo con las comunidades en el campo”, expresó la lideresa social.
Apartadó es uno de los municipios Pdet con mejores proyecciones tras la firma del Acuerdo Final de Paz, pero con todo y eso, presenta dificultades, no solo estructurales, sino también de violencia, pues en Urabá, Bajo Cauca y Atrato están presentes estructuras como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las extintas Farc.