El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, encendió el inconformismo en las EPS del país. Esto, tras un pronunciamiento que hizo por medio de Twitter, en el que afirmó que la privatización de la salud es un riesgo social.
Exactamente, tras el escándalo vivido en Rusia por los mercenarios del grupo Wagner, escribió en la red social que “así como se comprende que privatizar la seguridad, contratando mercenarios a lo Wagner, es mal negocio, también se entenderá que es la misma perversión y riesgo social la privatización de la salud”.
En otro trino, el congresista explicó que “la conversación que se plantea es que la seguridad, como la salud, son derechos y deben ser provistos por el Estado. Cederlos siempre implicará un riesgo en el que los intereses privados pueden llegar a privilegiar los propios beneficios sobre el interés general o de los más vulnerables”.
Al respecto, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que reúne a las EPS, respondió a Racero por medio de una carta abierta.
En esta, lo primero que explicó es que en lo que se debe insistir es que el Sistema de Salud en Colombia no es privado, sino todo lo contrario, es público con la participación en la gestión de entidades públicas, mixtas y privadas.
Ahora bien, en cuanto al sector privado en el sistema de salud, Acemi anotó que este cuenta con protección en la Constitución Política de Colombia en el artículo 48, pues garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.
Anotó el gremio que la participación aquí se traduce en múltiples servicios que aportan prestadores, como las clínicas y hospitales, laboratorios farmacéuticos, operadores logísticos, aseguradores y profesionales de la salud, actividad que día a día contribuye, de manera enorme, al bienestar y protección económica de las personas y familias, así como del desarrollo del país.
Este también destacó que es importante resaltar que este trabajo y los avances obtenidos siempre se hacen de la mano de las autoridades de Gobierno correspondientes, lo mismo que de las entidades públicas que de igual forma aportan para que el sistema sea reconocido de manera amplia tanto a nivel nacional como internacional.
El gremio insistió en que está comprometido en continuar con acciones que contribuyan a la salud y protección de la población y a que el país avance más en salud.
La carta abierta terminó al decir que por todo lo mencionado rechaza de manera rotunda las afirmaciones hechas por David Racero en el tuit mencionado y, de paso, las EPS solicitaron la rectificación clara y contundente de las aseveraciones expresadas por el presidente de la Cámara de Representantes, puesto que corresponden en nada a la realidad del sector salud.
Polémica por la reforma a la salud
Las discusiones sobre el Sistema de Salud de Colombia vienen de polémica en polémica. Por ejemplo, el proyecto de reforma a la salud que busca implementar el Gobierno de Gustavo Petro es una de las controversias que ha tenido un alto costo para el mandatario, al punto que por defenderla e impulsar su trámite en el Legislativo, dio fin a la coalición que mantenía con los partidos y sectores políticos tradicionales con los que buscó una alianza cuando se posesionó.
Aunque el proyecto se mantiene en el Congreso de la República, desde el Ejecutivo trabajan en una nueva estrategia para poder sacarlo a flote en medio de la negativa de las mayorías.
De hecho, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le sugirió al presidente Petro que esta iniciativa, junto con la pensional, no se discutiera en el periodo legislativo que finalizó el 20 de junio, sino que se discutiera en el próximo periodo legislativo, que inicia el 20 de julio del 2023, para que de esta manera se pueda contar con los votos necesarios para que sean aprobadas.
“Desde el Gobierno debemos concentrarnos en asegurar las mayorías a través de diálogos parlamentarios en la Cámara y el Senado durante este mes, para facilitar el proceso de las reformas sociales. A partir del 20 de julio, podremos entrar con gran entusiasmo para finalizar las reformas que ya han iniciado y, en el caso de las reformas laboral y educativa, empezar para completar el conjunto de las cuatro reformas sociales que necesita el país”, aseguró Velasco.